El Supremo reconoce la jurisdicción de la Audiencia Nacional para el asesinato de Ellacuría

• El jesuita Ignacio Ellacuría fue asesinado en 1989 en El Salvador
• El Tribunal duda de que el país centroamericano tuviera voluntad de investigar

Imagen de archivo del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha afirmado la jurisdicción de los tribunales españoles y, en concreto, de la Audiencia Nacional, para investigar el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas ocurridos en noviembre de 1989 en El Salvador.

El alto tribunal pone en duda en su auto que el país centroamericano haya tenido voluntad real de investigar los hechos y, por esa razón, junto a la existencia de víctimas de nacionalidad española, afirma la competencia de los tribunales españoles de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las muertes de seis sacerdotes jesuitas, una empleada doméstica y una hija de ésta a manos de militares salvadoreños ocurrieron en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Su investigación estaba en manos del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional del que es titular Eloy Velasco. Este juez consultó al Supremo si correspondía o no el archivo en función de la reciente reforma de la ley que regula la llamada justicia universal.

La jurisdicción universal prevista por la Ley Orgánica del Poder Judicial fue reformada en 2014 por el grupo popular en el Congreso para limitar su alcance.

Varias víctimas tenían la nacionalidad española

El alto tribunal ha respondido al juez que debe seguir investigando porque considera que, por un lado, varias víctimas tenían la nacionalidad española además de la salvadoreña y, por otro, hay "indicios suficientes" de que el proceso penal desarrollado en su día en El Salvador no garantizó el castigo y persecución efectiva de los responsables de los crímenes.

Según el auto dictado este miércoles por el Supremo, del que ha sido ponente el presidente de la Sala Penal de este tribunal Manuel Marchena, "el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados sino, más bien, su sustracción a la Justicia, todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad".

Según la querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y responsabilidad, los asesinatos fueron cometidos por miembros de un batallón del Ejército Salvadoreño siguiendo un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército, controlado en aquel momento por el ministro de Defensa Rafael Humberto Larios y otros 19 militares.

El Supremo señala en su auto, como argumentos para dudar de la investigación desarrollada en El Salvador, que en este país se ocultaron datos al juez instructor, los fiscales del caso tuvieron que renunciar, hubo presiones externas durante el desarrollo del juicio y se produjeron amenazas a los miembros del jurado.

El asesinato del diplomático español Carmelo Soria

Junto al caso de Ellacuría, hay otro similar en el Supremo pendiente de resolución, el del asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976, durante la dictadura de Pinochet en Chile.

Esta investigación estaba también en manos de la Audiencia Nacional, tribunal que consultó al alto tribunal sobre si es o no competente en el asunto.

Además, existen dudas sobre la competencia de los tribunales españoles para investigar el ataque a la Flota de la Libertad de Gaza en 2010 y el juez José de la Mata, desde el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, podría consultar al alto tribunal sobre su competencia respecto a este asunto.