No se podrá hacer operación urbanística alguna en torno a la planificación de una carretera

• El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de la nueva Ley de Carreteras
• No podrá haber más de tres gasolineras seguidas de un mismo proveedor
• El Ejecutivo también da luz verde al proyecto de Ley del Sector Ferroviario
• La construcción de nuevos AVE y vías requerirá de un estudio de rentabilidad

El Gobierno aprueba la nueva Ley de Carreteras

El Gobierno ha aprobado este viernes la nueva Ley de Carreteras que, entre otras medidas, buscará impedir la especulación urbanística con los terrenos próximos a la zona en la que se planifique la construcción de una nueva carretera. "En torno a la planificación de una infraestructura viaria no se puede hacer ningún tipo de operación urbanística", ha subrayado de forma determinante la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La nueva Ley también habilitará al Gobierno a declarar "nulas de pleno derecho" todas decisiones urbanísticas que se adopten sin considerar las necesidades de la gestión de las carreteras.

"Hay una suspensión cautelar de cualquier recalificación urbanística que pueda afectar a la planificación de una vía" desde el momento en que ésta se proyecte, ha asegurado Pastor, que ha especificado que "desde que se pide el estudio informativo no se puede hacer ningún tipo de modificación" porque "se estaría interfiriendo en el precio de los terrenos que circundan a una nueva carretera".

El Ejecutivo exigirá una evaluación económica y social previa a la construcción de cualquier nueva infraestructura

De esta forma, el Gobierno quiere impedir que se repita, por ejemplo, el caso de las radiales de Madrid y otras autopistas de peaje de reciente construcción, que actualmente están en quiebra, en parte por el sobrecoste pagado en las expropiaciones de los terrenos necesarios para su construcción.

“La construcción de líneas de AVE y carreteras requerirá un estudio previo que determine su retorno económico y social“

Además, la construcción de una nueva línea ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) o de una nueva carretera deberá estar avalada por ley por un estudio previo de su retorno social y económico. En el caso de las carreteras pedirá también un análisis previo de seguridad vial.

"Una vez que entren en vigor (la Ley Ferroviaria y la Ley de Carreteras), no se va a hacer ni una sola línea de tren sin realizar un análisis previo y profundo de su retorno social y económico", ha asegurado Pastor, que ha especificado que en el caso de las carreteras "no se construirán sin una rigurosa planificación previa que determine su eficiencia y su retorno económico y social".

No podrá haber tres gasolineras del mismo operador seguidas

Además, la nueva Ley de Carreteras no permitirá que los conductores encuentren tres gasolineras seguidas de un mismo operador a lo largo de una carretera.

Con esta medida, el Gobierno persigue que los viajeros encuentren en una carretera distintos suministradores de carburante "para que puedan elegir" y el con fin último de fomentar la competencia. Para ello, además, se permitirá la iniciativa privada en la aprobación de nuevas áreas de servicio

El proyecto que ahora se remite a las Cortes Generales recoge también la eliminación de elementos publicitarios que puedan afectar a la seguridad viaria y la actualización de las sanciones a las concesionarias de autopistas de peajes que están en vigor desde 1973.

En este sentido, Pastor ha destacado el incremento de las cuantías de las sanciones en las autopistas de peaje en caso de incumplimiento, con multas que pasan de los 300 euros de algunos casos hasta los 15.000 euros.

Ley del sector ferroviario

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley del Sector Ferroviario, que ya estudió el pasado 13 de marzo y que flexibiliza el canon ferroviario, el peaje que las compañías ferroviarias deben pagar a Adif por circular por las líneas de tren y utilizar las estaciones, con el fin de fomentar la entrada en el sector de empresas privadas que compitan con Renfe.

La nueva ley suprime el denominado canon de acceso, el que se paga por entrar a operar en la red ferroviaria, modifica el resto de cánones de Adif e introduce un régimen de bonificaciones "para que quienes realicen una mayor actividad tengan mayor retorno".

El proyecto de ley se anuncia en un momento en que está pendiente la publicación de los pliegos para que los operadores privados puedan acceder a operar trenes en el corredor entre Madrid y la costa levantina en competencia con Renfe antes de que concluya la legislatura.

Según el sector, una de las principales barreras existentes actualmente para que empresas privadas se puedan plantear participar en este proceso liberalizador es el alto coste de los cánones aplicados por Adif. Hasta este momento, un total de 27 empresas privadas han obtenido una licencia para operar trenes en España, ya sea en servicios de mercancías -ya liberalizados- como en pasajeros.