El Supremo ordena que las escuelas catalanas impartan un 25% de las clases en castellano

• Establece que algunas de las materias troncales deben darse en castellano
• Avala el porcentaje que ya había fijado TSJ de Cataluña
• Mas lamenta que se "intente alterar el consenso social en una materia sensible"

El Tribunal Supremo fija en un 25% el uso del castellano en los colegios catalanes

El Tribunal Supremo ha ordenado que las escuelas catalanas impartan un 25% de las clases en castellano y ha fijado, además, que deben darse en este idioma no solo las asignaturas correspondientes a esta lengua sino también alguna de las materias troncales.

En una sentencia hecha pública este viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo avala el porcentaje que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en ejecución de las resoluciones del alto tribunal, que reconoce desde 2010 que el castellano debe ser lengua vehícular en los colegios catalanes.

El Supremo precisa que el porcentaje fijado es "proporcionado, razonable y ajustado a la consecución de la enseñanza del castellano". Por ello, agrega la sentencia que la condición de lengua vehicular no puede alcanzarse si se reduce su uso "a una asignatura más" y que debería incluirse en otra materia de carácter troncal.

Esta decisión del TSJ provocó que dos padres de alumnos recurrieran al Supremo demandando un incremento del porcentaje al 50%. La Generalitat también recurrió al considerar que los tribunales catalanes no están legitimados para fijar los criterios a seguir.

La sentencia ve dejación de potestad de la Generalitat

Los magistrados de la Sección Cuarta del Supremo no solo no da la razón al Gobierno catalán sino que le reprocha su "incumplimiento" de decisiones del alto tribunal que se remontan a hace cinco años.

Destacan que la Generalitat ha hecho dejación de su potestad y ha venido desatendiendo los sucesivos requerimientos efectuados para que se aplicasen las sentencias. Por ello, la decisión del TSJ de fijar el porcentaje "no constituye una inaplicación de los preceptos correspondientes al Estatuto de Autonomía y la ley catalana de educación, sino que da cumplimiento a los mismos".

El Supremo recuerda que el TSJ otorgó al Gobierno de Cataluña "varias y reiteradas oportunidades para que llevara a efecto lo ordenado en las sentencias para que adoptara las medidas que garanticen el establecimiento del castellano como lengua vehicular".

En el último requerimiento, de auto firme de 14 de noviembre de 2013, los tribunales catalanes insistieron en la necesidad de que la Administración fijara el criterio y le anunciaron que, en caso contrario, la propia Sala efectuaría la proporción.

Un porcentaje "razonable y proporcionado"

Las nuevas resoluciones precisan que el porcentaje fijado es "proporcionado, razonable y ajustado a la consecución de la enseñanza del castellano". La condición de lengua vehicular no puede alcanzarse si se reduce su uso "a una asignatura más" por lo que debe incluirse en otra materia de carácter troncal, agrega.

La decisión del TSJ fue también recurrida por dos padres de alumnos que demandaban un incremento del porcentaje al 50 por ciento. El alto tribunal les dice que el baremo del 25 por ciento se ajusta a su decisión de reconocer el castellano como lengua vehicular y rechaza el argumento de los demandantes de que no es necesario favorecer la lengua catalana en las escuelas porque el objetivo de normalización lingüistica ya se ha alcanzado plenamente.

Las resoluciones desestiman una vez más la "atención individualizada" para cada alumno que propone la Generalitat porque, en su opinión, conduce a una situación de discriminación "idéntica a la separación en grupos por razón de la lengua habitual".

Por la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo ha resuelto sobre "los recursos de los casos concretos presentados" en relación a la aplicación del 25% de castellano en las aulas catalanas.

El TSJC ha explicado, a través de un comunicado, enviado para aclarar varias consultas de medios que las resoluciones hechas públicas desde el Tribunal Supremo "resuelven los recursos de los casos concretos presentados".

Mas lamenta que se "intente alterar el consenso social"

Después de conocer la sentencia del Supremo, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha lamentado que "cuando se intenta alterar el consenso social en una materia sensible para cualquier país y cultura, las actuaciones no son justas ni honestas y no son útiles".

En la presentación de la Memoria y Análisis de Doctrina 2014 de la Comisión Jurídica Asesora en la Generalitat, Mas ha apuntado que se está intentando, por la vía de forzar el derecho y recurrir a los tribunales, actuar contra aquello que tiene un amplio consenso social "y que ha hecho suyo todo el pueblo de Cataluña, independientemente de su origen".

El presidente catalán ha defendido que Cataluña "ha ejercido siempre la actitud de estar al lado del derecho, incluso en momentos complicados" y ha recordado situaciones dolorosas como la suspensión de la ley de consultas no refrendarias y el decreto firmado por él mismo para la consulta: "Conseguimos imaginarnos otros escenarios para canalizar la voluntad del pueblo, pese a que lo quisieron impedir".

Por su parte, la consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha señalado tras conocer la sentencia que el Supremo "no tiene competencias" para "modificar ni instar a un cambio del modelo educativo catalán" y entiende que el 25% de las horas lectivas en castellano solo se aplicarán en los casos en que las familias lo pidan.

También el Síndic de Greuges de Catalunya (Defensor del Pueblo de Cataluña), Rafael Ribó, ha lamentado este viernes que el debate lingüístico "se enfoque en clave judicial". En un comunicado, el defensor del pueblo catalán ha destacado que "es la comunidad educativa la que debe decidir y llevar el peso del debate y las decisiones" y ha respaldado el actual modelo de inmersión lingüística.