La Guardia Civil acusa al diputado andaluz socialista Sánchez Teruel en el 'caso Marismas'

• De tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, fraude y coacciones
• Durante su actuación como Director de Desarrollo Sostenible, en 2008 y 2009

La Guardia Civil ha entregado en el juzgado que investiga el caso Marismas un atestado en el que acusa al secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz Luis Sánchez Teruel de los delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y coacciones.

En el atestado, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil comunica al juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que no le han tomado declaración a Sánchez Teruel porque es aforado y recuerda que le atribuyen los delitos por su actuación como director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en 2008 y 2009.

El atestado se ha entregado después de que el juez imputara a 21 personas, entre ellas cinco ex altos cargos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, por un presunto fraude de 40,1 millones de euros en unas obras de riego en las marismas del Guadalquivir.

Acusado de "defraudar a la administración"

Al dirigente socialista, la Guardia Civil le acusa de un delito de fraude y exacciones ilegales por intervenir de forma directa para que se hiciera una contratación pública y por llegar a un acuerdo con otros acusados "con el único fin de conseguir defraudar a la administración pública al subvencionar dos veces" las obras.

También le acusa de permitir a la empresa Befesa enmascarar "partidas importantes de dinero público en las certificaciones" y precisa que en el último semestre de 2008 se certificaron 21 millones de euros "con la permisividad" de la dirección general de Regadíos.

Además, le imputa tráfico de influencias porque la Guardia Civil considera que presionó a la comunidad de regantes del Guadalquivir y a funcionarios de su dirección general para lograr una resolución favorable a la UTE Riegos Marismas, compuesta por Befesa y Alpi.

En este sentido, los agentes consideran que Sánchez Teruel dio todo los pasos para conseguir informes favorables de los técnicos de la Junta para conceder una nueva subvención de 13 millones de euros a Befesa para "algo ya subvencionado", lo que no se llegó a realizar por la renuncia expresa de la junta de gobierno de los regantes.

Testimonios de personas relacionadas con las obras

Respecto a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, la Guardia Civil afirma que Teruel se aprovechó de su cargo para facilitar la participación directa de la UTE Riegos Marismas, y para ello aporta los testimonios de ocho personas relacionadas con las obras.

Además, el atestado le imputa amenazas y coacciones a la junta rectora de la comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir durante una reunión en dependencias de la Junta de Andalucía.

Además de estos 21 imputados, el juez también acusa a los administradores de las uniones temporales de empresas que lograron la adjudicación de la obra en las marismas del Guadalquivir, gran parte de la cual no se realizó a pesar de la subvención de 40,1 millones de euros que se les concedió en 2004.

El juez les acusa de los delitos de falsedad en documento público, prevaricación y malversación de caudales públicos y los cita entre el 11 y el 30 de junio próximo.