El Senado francés aprueba la ley para el crecimiento y el empleo impulsada por Macron

• Amplía de 5 a 12 los domingos al año en los que los comercios pueden abrir
• Contempla la desregulación de ciertas profesiones como los notarios
• Liberalización de sectores como el transporte público en autobús interurbano

Manifestación en contra de la "Ley Macron" a las puertas del Senado en París.

El Senado francés ha aprobado en primera lectura el proyecto de ley para el crecimiento y el empleo, impulsado por el ministro de Economía, Emmanuel Macron.

El debate en esa cámara, en la que la oposición de derecha tiene la mayoría, comenzó el pasado 7 de abril y concluyó con 185 votos a favor, 44 en contra y la abstención de gran parte de los socialistas.

El texto, al que se introdujeron 627 enmiendas, será examinado ahora por una comisión mixta paritaria, compuesta por siete diputados y siete senadores, encargados de encontrar una versión de consenso. En caso de no llegar a un acuerdo, la decisión final quedará en mano de la Asamblea Nacional.

"Le hemos dado fuerza para hacer de él un acelerador del crecimiento, al dotarle de lo que le faltaba, flexibilidad, en concreto en lo relativo al derecho laboral, y simplificación", ha dicho el jefe de la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP) en el Senado, Bruno Retailleau.

Este proyecto de ley fue aprobado el pasado febrero en la Asamblea a través de un dispositivo constitucional que se saltó el debate en esa cámara para sortear la previsible falta de apoyo parlamentario.

En su presentación en octubre pasado, Macron diagnosticó que la economía francesa padecía de "desconfianza, complejidad y corporativismo" y aseguró que este proyecto aspiraba a retomar la vía del "interés general" al estimular la inversión y la innovación y desarrollar, según sus cálculos, el empleo y el diálogo social.

En su paso por el Senado se ha mantenido una de las medidas más visibles, la que contempla ampliar de 5 a 12 los domingos al año en los que los comercios pueden abrir en las zonas turísticas, y se ha ampliado esa disposición a los establecimientos de bienes culturales.

Este proyecto de ley, uno de los pilares del Gobierno para el presente curso político, abarca otras disposiciones para la desregulación de ciertas profesiones como los notarios o la liberalización de sectores como el transporte público en autobús interurbano.