Imputado en 'Innova' el concejal de Promoción Económica de Reus por las prótesis en mal estado

• Tras la declaración del dueño de la empresa que vendió prótesis en mal estado
• Se le acusa de falsedad documental y blanqueo de capitales, entre otros delitos
• La Agencia Española del Medicamento descarta "un problema de seguridad"

El juzgado número 3 de Reus ha imputado al concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Reus, Marc Arza (CiU) en el caso Innova, por las prótesis de rodilla, cadera y columna en mal estado vendidas por la empresa local Traiber, entre otros centros, al Hospital de Sant Joan de Reus, según ha informado el TSJC.

Arza ha declarado ante el juez y ha salido con los cargos de delitos societarios, falsedad documental; contra la Administración Pública, blanqueo de capitales y contra la salud pública.

Son los mismos cargos que afrontan la primera teniente de alcalde, Teresa Gomis, y el empresario Lluís Márquez, presuntamente por haber presionado al Hospital de Sant Joan de Reus para comprar prótesis en mal estado e incluso caducadas a Traiber.

También se les ha retirado el pasaporte y tienen la obligación de comparecer cada lunes en el juzgado.

"Presiones de Traiber y del Ayuntamiento"

El juez imputa a Arza a raíz de la declaración de Márquez, dueño de la firma Traiber, quebrada, con una alerta sanitaria de sus productos desde el 7 de noviembre del 2014 y que interrumpió sus ventas al Hospital de Sant Joan de Reus en 2012 y 2013.

El Hospital lo gestiona la empresa pública Sagessa, insertada en el extinto grupo de empresas municipales de Reus Innova y el juez también ha imputado a seis directivos y exdirectivos de Sagessa.

El criterio de un nuevo jefe de traumatología, Alfredo Rodríguez, en el Sant Joan interrumpió las ventas de Traiber al considerar sus productos de poca calidad y, como testigo, declaró "presiones de Traiber y del Ayuntamiento".

Correos electrónicos del concejal imputado

El juez también reseña varios correos electrónicos de Arza a la también imputada Gomis y así, en uno del 27 de mayo de 2013, el concejal le explica que "tendríamos que asegurarnos" de que "Traiber tenga un plus sobre competidores americanos".

Arza sugiere "primar la entrega rápida de material" o "posibles acuerdos con la Universidad y el Hospital" y concluye: "¿Cómo lo ves? ¡Tendríamos que hacer llegar estas ideas a quien trabaje en el concurso! ¿Lo puedes hacer tú misma?".

El juez interpreta que "se certifica que no se seguían las normas de contratación pública para contratar con Traiber, ya que en ese momento se quería hacer un concurso que antes no se había hecho".

"Este dato no es irrelevante por cuanto introduce la certificación de un alto nivel de conocimiento de Gomis y Arza sobre el asunto y la falta de licitación para el caso concreto de Traiber", interpreta el juez. Además, se da "la apariencia de la convocatoria de un concurso que se está cocinando para que lo ganase".

El dueño de la empresa en una reunión

En otro correo del 25 de febrero del 2015 se constata una reunión entre los tres imputados y el doctor con el asunto "Reunión concurso prótesis Sagessa".

El jefe de traumatología declaró su "sorpresa" por la presencia de Márquez, ya que "uno de los aspirantes no debería estar" y que "recuerda que Márquez volvió a insistir en volver a colaborar con el Hospital de Reus".

El doctor puntualizó que en las puntuaciones de las empresas concursantes la "valoración médica supone la mitad" y que el resto "lo valora el Departamento de Compras".

Arza ha confirmado que existió esa reunión con Traiber y "cuando se le ha preguntado si tenía interés en que se adjudicase el concurso", se ha "acogido a su derecho a no contestar".

La Agencia de Medicamentos descarta "un problema de seguridad"

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha asegurado que hasta el momento solo ha recibido una notificación de incidente adverso relacionado con las prótesis ortopédicas de la empresa Traiber por lo que considera que "no hay un problema de seguridad".

En declaraciones a Efe, la directora de la Aemps, Belén Crespo, ha afirmado que hay un seguimiento de los hospitales y profesionales sanitarios a 5.968 pacientes a los que se les han implantado estas prótesis, que se encuentran en el centro del caso bajo investigación judicial.

Crespo ha explicado que las actuaciones de la Agencia comenzaron el pasado mes de septiembre cuando tuvo conocimiento de la primera denuncia sobre este caso, momento desde el que, por un lado, empezó a trabajar con la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat de Cataluña, y, por otro, a investigar a la empresa.

Una vez que la Generalitat fue remitiendo información a la Agencia, ésta estimó que las actuaciones de la empresa eran constitutivas de un delito penal, por lo que puso el caso en manos de la Fiscalía.

Asimismo, lanzó una alerta, el pasado 7 de noviembre, en la que señalaba que tras las investigaciones llevadas a cabo tanto por la Agencia como por la Generalitat se ponían de manifiesto "importantes deficiencias en el sistema de calidad de la empresa" por lo que ordenaba el cese en la utilización de los productos sanitarios fabricados por Traiber.