La ley de protección a la infancia incorporará la creación de un registro de delincuentes sexuales

• La Comisión de Sanidad ha aprobado la ley con más de 150 enmiendas
• Con los votos favorables del PP y las abstenciones de PSOE y PNV
• La pobreza de los padres no será causa para separarles del menor

La Ley de Protección de la Infancia reconocerá a los niños como víctimas

La Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha aprobado este lunes las leyes de protección a la infancia y a la adolescencia, en las que se han incluido más de 150 enmiendas, entre las que se encuentra la creación un registro de delincuentes sexuales y que la pobreza de los padres o la discapacidad del niño no sean causa para separar al menor de sus progenitores.

Los nuevos textos, aprobados con los votos favorables del PP y las abstenciones del PSOE y del PNV, serán remitidos al Pleno del Congreso y posteriormente al Senado, antes de su aprobación definitiva en el Parlamento, que podría ser ya en el mes de julio.

La nueva legislación de protección de la infancia y la adolescencia se tramita a través de dos proyectos de ley, aprobados por el Gobierno el pasado 20 de febrero, uno ordinario y otro orgánico, que han sido modificados en este trámite de Comisión por 150 enmiendas de distintos grupos y otras cincuenta transaccionales.

Durante el debate, la diputada del PP María Teresa Martín Pozo ha mostrado la intención de su partido de lograr "el máximo consenso" y de limar las diferencias antes de su aprobación definitiva por "el gran calado" legislativo, ya que modifica una docena de leyes, como la ley del Menor, de violencia de género o de Enjuiciamiento Civil, entre otras.

Un registro de delincuentes sexuales

Entre las novedades de su paso por la Comisión, la iniciativa crea un registro de delincuentes sexuales para hacer un seguimiento y control de las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual, trata de seres humanos y de explotación de menores, no solo en España, sino también en otros países.

También, se han acordado incluir medidas de bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para los que den empleo a víctimas de trata de seres humanos -1.500 euros al año si es indefinido y 600 euros al año si es temporal-, además de ampliar a 90 días el periodo de reflexión a las víctimas de trata para decidir si colaboran con la justicia.

La nueva regulación establece que ni la pobreza de los progenitores, ni la discapacidad del menor podrán ser considerados para declarar la situación de desamparo y por tanto no serán justificación para separar a un menor de sus padres.

Un apartado sobre las menores embarazadas

Otra de las enmiendas transaccionales acordadas por CiU y PP añade un nuevo apartado referido a las "menores y las jóvenes sujetas a medidas de protección que estén embarazadas".

En este caso, la ley dicta que "recibirán el asesoramiento y apoyo adecuados a su situación y que en el plan individual que se realice a la menor se contemplará la "protección del recién nacido".

Además, prioriza el acogimiento familiar sobre el residencial, reconoce como víctimas de violencia de género a los menores, agiliza los trámites en las adopciones y modifica algunos aspectos del régimen de visitas de los menores ingresados en centros especiales.

Acusan al Gobierno de "recentralizar" la legislación

Durante el debate, varios grupos de la oposición han lamentado que el PP haya preferido "imponer su mayoría" en lugar de buscar un mayor consenso en el trámite de estudio en la Comisión, en el que se han presentado más de 400 enmiendas.

Además, los grupos vasco y catalán e Izquierda Unida han acusado al Gobierno de "recentralizar" la legislación de protección de los menores, privando de competencias que ejercían algunas comunidades autónomas, como en el ámbito de las adopciones internacionales.

Carles Campuzano, de CiU, ha lamentado que se quiera cambiar "el modelo de adopción internacional, que ha sido exitoso", desarrollado por la Generalitat.

Desde el PNV, Isabel Sánchez ha opinado que las leyes relegan a las diputaciones forales a "meras colaboradoras" en las adopciones internacionales.

La diputada socialista María Luisa Carcedo ha agradecido al PP que se hayan incluido hoy muchas de las enmiendas propuestas por su grupo y ha justificado su abstención porque "es una ley necesaria y urgente" de actualizar. Sin embargo, el PSOE ha insistido en que es necesario reforzar los servicios sociales públicos, entre otros muchos aspectos.

La diputada popular Blanca Puyuelo ha destacado el "altísimo consenso" de esta iniciativa, que a su juicio, garantiza el equilibrio. "Los poderes públicos deben asegurar que el sistema garantice el principio de igualdad y es necesario uniformidad del sistema de protección de los menores en todo el territorio nacional"