Amnistía denuncia torturas "endémicas" en Marruecos para silenciar a la disidencia

• La ONG documenta numerosos casos de malos tratos a detenidos
• Critica a España por extraditar a sospechosos pese al riesgo de torturas

Descripción de las torturas que el belgo-marroquí Ali Aarras --nacido en Melilla y deportado por España a Marruecos-- dijo haber sufrido por parte de agentes del reino alauí en 2010.

Amnistía Internacional ha denunciado en un nuevo informe el empleo “endémico” de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes para incriminar a presuntos delincuentes y sofocar a la disidencia.

Palizas, posturas en tensión, asfixia, simulación de ahogamiento o violencia psicológica y sexual son algunas de la variadas técnicas de tortura utilizadas por Rabat para obtener confesiones de delitos o silenciar a activistas.

El informe La sombra de la impunidad: Tortura en Marruecos y Sáhara Occidental publicado este martes [texto completo en pdf en inglés] contradice las promesas realizadas por el régimen alauí cuando, en 2011, respondió a los levantamientos populares de la región con la promesa de innumerables reformas y una nueva Constitución que prohibía la tortura.

"Los líderes de Marruecos presentan la imagen de un país liberal y que respeta los derechos humanos. Pero mientras se cierna sobre la detención y la disidencia la amenaza de la tortura, esa imagen será sólo un espejismo", ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

"Si se rasca la superficie aparece la tortura, que se utiliza para silenciar la protesta y que empaña las sentencias judiciales. Oponerse a la desigualdad o defender las propias creencias comporta el riesgo de ser víctima de violencia y tortura", ha añadido.

Represión a los saharahuis

El informe se basa en 173 casos de presunta tortura y otros malos tratos infligidos por la policía y las fuerzas de seguridad a hombres, mujeres y menores de edad entre 2010 y 2014.

Entre las víctimas figuran estudiantes, activistas políticos de filiación izquierdista o islamista, partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental y presuntos terroristas y delincuentes comunes.

El informe muestra que existe riesgo de tortura desde el momento de la detención y durante todo el tiempo que la persona está bajo custodia policial.

Al igual que otros saharauis, Mohamed Ali Saidi, de 27 años, explicó que la policía lo había torturado bajo custodia tras detenerlo en relación con unas manifestaciones celebradas días antes, en mayo de 2013, en El Aaiún, Sáhara Occidental. Contó a Amnistía Internacional lo siguiente: “Amenazaron con violarme con una botella; me pusieron la botella delante. Me azotaron con cuerdas en las plantas de los pies estando colgado en la postura del pollo asado, y también nos metían los pies en agua helada [...] Colgado en la postura del pollo asado me introdujeron una toalla en la boca y me echaron agua en la nariz para que me atragantara. Luego me echaron orines. Me dejaron en ropa interior, y me azotaron los muslos con cinturones".

Por su parte, Abderrazak Jkaou, estudiante que participó en manifestaciones, contó que la policía lo había golpeado hasta hacerle perder el conocimiento en la universidad la víspera de una manifestación convocada en Kenitra como advertencia a otros estudiantes.

Impunidad policial

Aunque entre las personas que contaban que habían sido detenidas y torturadas había activistas conocidos, otras eran simples viandantes. Otra marroquí contó que la policía la había agredido cuando pasaba por la universidad en Fez en 2014.

Entrada a una facultad de la universidad de Fez. AMNISTÍA INTERNACIONAL

En el informe se advierte también del uso de leyes que penalizan la "denuncia falsa" y la "calumnia", para procesar a las presuntas víctimas de tortura que denuncian su caso. En los últimos 12 meses, las autoridades marroquíes han entablado ocho procesamientos, en aplicación de estas leyes, contra personas que han interpuesto denuncias de tortura, siempre según la ONG.

“El gobierno habla de reformas, pero las autoridades parecen más interesadas en hacer cumplir la legislación contra la calumnia que las leyes contra la tortura. Para que cambien las cosas es a los torturadores a quienes hay que ver ante los tribunales, no a las víctimas. Se debe proteger, no procesar, a quienes denuncian", ha señalado Salil Shetty.

Rabat niega sistemáticamente estas denuncias y no ha trascendido ninguna reacción oficial al último comunicado de Amnistía.

Además, el informe recoge el caso de del ciudadano con nacionalidad belga y marroquí pero nacido en Melilla Ali Aarrasss, que fue extraditado por España en 2010 al reino alauí pese a las advertencias en contra de Amnistía y de la ONU. "España ha sido en gran parte responsable porque fue el país que le envío a Marruecos a pesar de los riesgos que esto conllevaba", señaló el viernes la portavoz de la ONG en España Virginia Álvarez.

En declaraciones a Servimedia, Álvarez reaccionaba a la publicación ese día del último informe del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas que criticaba a España por no seguir sus recomendaciones.

Por otra parte, pero ese mismo viernes, el rey marroquí, Mohamed VI, ascendió a Abdelatif Hamuchi, responsable del espionaje interior, como máximo jefe de la Policía, acumulando un poder inaudito dentro del aparato de seguridad marroquí, según la agencia Efe.

El propio Hamuchi está acusado de torturas por una ONG francesa.