Aprobada la Ley de Seguridad Nacional que "no tendrá consecuencias para derechos y libertades"

• No se tramitará como ley orgánica sino ordinaria por no afectar a derechos
• El objetivo es potenciar la capacidad de respuesta ante nuevos riesgos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado este viernes la Ley de Seguridad Nacional, que persigue "potenciar la capacidad de respuesta" ante nuevos riesgos y amenazas, "sin consecuencias para los derechos y libertades" de los ciudadanos, ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo ha decidido dar un trámite ordinario a esta nueva ley, eliminando el carácter de orgánica, tal y como se aprobó en el anteproyecto el pasado 16 de enero, al considerar que no afecta ni tiene consecuencias para los derechos fundamentales y libertades públicas.

En este sentido, el Consejo de Estado así lo ha avalado, según la vicepresidenta, quien ha concretado que la nueva norma define el concepto de seguridad nacional.

Sáenz de Santamaría ha explicado que la nueva ley pretende dotar al Estado de instrumentos para afrontar los riesgos y amenazas, y potenciar las capacidades de respuesta.

Esta ley, que se encuadra dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional, regulará los estados de alarma y excepción.

Situación de interés para la seguridad nacional

Como novedad, la vicepresidenta ha precisado que la ley regula la declaración de situación de "interés para la seguridad nacional", responsabilidad que recaerá en el presidente del Gobierno. Esto viene a completar un "vacío normativo" que existe todavía entre un estado de normalidad y la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio.

Esta declaración, que corresponderá en exclusiva al presidente del Gobierno, podrá adoptarse ante una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración y que, sin embargo, no sea tan grave como para aplicar la Ley de Alarma, Excepción y Sitio, de 1981.

La nueva ley establece medidas de coordinación entre las administraciones públicas, una cuestión clave para tomar decisiones ante determinadas circunstancias de interés para la seguridad nacional.

En este sentido,  aborda la seguridad nacional como una política de Estado que, bajo la dirección del presidente del Gobierno, implica a todas las administraciones públicas y a la sociedad en general.

Asimismo, establece el Sistema Nacional de Seguridad en el Consejo de Seguridad Nacional y define competencias en materias como la ciberseguridad, seguridad marítima y seguridad financiera, así como el medio ambiente, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.

En su redacción ha contado con las aportaciones de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, Interior y Presidencia.