La juez ve indicios para juzgar al expresidente del Cabildo de Lanzarote en el 'caso Unión'

• El 'caso Unión' investiga una presunta trama de sobornos y desvío de dinero
• Considera que Dimas Martín pudo dirigir la trama desde la cárcel
• La juez considera que existe base suficiente para llevar a juicio a 15 personas

Registro del Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote), el 28 de mayo de 2009, dentro del 'caso Unión'.

La juez del caso Unión considera que existen indicios de que el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín, dirigía desde la cárcel una trama para desviar en beneficio propio y de su partido dinero del Ayuntamiento de Arrecife, exigiendo comisiones de hasta el 20%.

El Juzgado número 5 de Arrecife ha dictado el auto por el que da por concluida la instrucción de la pieza principal del caso Unión, uno de los mayores procesos por corrupción abiertos en la última década en Canarias, en la que se investiga todo un entramado de sobornos y desvíos de dinero público en favor del Partido de Independientes por Lanzarote (PIL), fundado por Dimas Martín.

La instructora observa pruebas suficientes para juzgar a Martín por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental, por haber montado mientras cumplía condena en prisión por otros delitos de corrupción una "trama clientelar" que permitió al PIL "nutrirse" irregularmente de comisiones y sobornos desde 2007 a 2009 gracias a sus cargos de gobierno en el Ayuntamiento de Arrecife.

La juez cree que existe base para llevar a juicio a 15 personas, la mayoría cargos públicos u orgánicos del PIL (como los concejales de Urbanismo y Hacienda de la ciudad en aquellos años o el tesorero del partido) y empleados del Ayuntamiento (el interventor y la jefa de contratación, hija del propio Martín), pero también empresarios.

Una trama "fuertemente jerarquizada"

La magistrada Silvia Muñoz sostiene en su auto que la trama funcionaba de forma "fuertemente jerarquizada" en torno a Dimas Martín, al que la mayoría de los acusados consideraban, "sin excepción, que le debían su puesto político o cargo público".

Desde la cárcel de Tahíche, el fundador del PIL se las ingenió, con la ayuda de su hija, María Elena Martín, para controlar las adjudicaciones y pagos que realizaba el Ayuntamiento de Arrecife.

De acuerdo con la información reunida en la instrucción, los partícipes de esta trama de financiación ilegal del PIL llamaban a las empresas con las que el Consistorio de la capital lanzaroteña tenía deudas para exigirles una comisión a cambio de abonarlas.

Sobornos de entre el 8% y el 20%

Lo mismo hacían con empresas que se presentaban a las distintas licitaciones de contratos y servicios que realizaba el Ayuntamiento. En concreto, según la juez, Dimas Martín y sus colaboradores exigían a cambio de mediación sobornos de entre el 8 y el 20% del importe de la deuda a cobrar o del valor del contrato a adjudicar.

Para ello, eludían "intencionadamente" los procedimientos establecidos por las leyes sobre contratación, "eliminando o desvirtuando aquellos trámites preceptivos que garantizan, entre otros, la fiscalización del pago, la transparencia o la libre concurrencia de empresarios para optar por la oferta más beneficiosa para las arcas públicas", subraya el auto.

Esas comisiones nutrían "un 'presupuesto paralelo' o 'caja B' del Ayuntamiento de Arrecife", un dinero que luego se desviaba al PIL.

Dos concejales entre los acusados

La juez cita entre los protagonistas principales de esa trama, subordinados todos ellos a Dimas Martín, a Ubaldo Becerra, concejal de Urbanismo; José Miguel Rodríguez, concejal de Hacienda; Elena Martín, hija del fundador del PIL; Juan Rafael Arrocha, jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento; Carlos Sáenz Medero, interventor del Consistorio; y Matías Curbelo, tesorero del partido y "recaudador de las comisiones exigidas" por los imputados.

También acusa al empresario Juan Francisco Rosa -que ahora se enfrenta en otro procedimiento a 15 años de cárcel por construir las bodegas Stratvs en paraje protegido sin ningún tipo de permiso- de facilitar a Dimas Martín un contrato de trabajo ficticio que le permitió salir de prisión, al obtener el tercer grado.

En cambio, archiva los cargos que se dirigían contra el entonces director de la cárcel de Tahíche, Joaquín Herrera Fragiel, al no haberse aportado pruebas para sostener las sospechas de que pudo favorecer a Dimas Martín con un trato de favor en la prisión.