Cataluña reforma la Ley de la Agencia Tributaria para poner en marcha una hacienda propia

• Con la ley se pretende que sea competente en la gestión y recaudación de tributos
• Se la dota de recursos humanos para poder asumir las competencias

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante la sesión de control al gobierno catalán celebrada en el Parlament de Cataluña.

El pleno del Parlamento catalán ha aprobado este miércoles la reforma de la Ley 7/2007 que regula la Agencia Tributaria de Cataluña para reordenar los cuerpos de personal tributario con el propósito de adquirir nuevas funciones, desplegar la hacienda propia y construir "estructuras de estado".

La reforma, que ha sido tramitada mediante un proyecto de ley de ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria de Cataluña, ha sido aprobada definitivamente tras ser desestimadas las enmiendas parciales que habían presentado los grupos del PSC (8), PPC (17) e ICV-EUiA (14).

En la votación final del dictamen, CiU, ERC y CUP han votado a favor, PPC y C's en contra y PSC e ICV-EUiA se han abstenido, al no haber sido incorporadas sus enmiendas parciales.

Autoridad fiscal única competente

Con la reforma de la ley, se pretende convertir la Agencia Tributaria de Cataluña en la autoridad fiscal única competente en la gestión y recaudación de tributos gestionados en territorio catalán.

La ley ya superó el pasado mes de febrero el debate a la totalidad, al ser rechazadas las enmiendas presentadas por PPC y Ciutadans con los votos de todos los demás grupos de la cámara.

En el articulado de la ley reformada, se prevé la creación de un cuerpo técnico de inspectores tributarios y consolida el ya existente de gestores tributarios, en la línea de dotar a la Agencia Tributaria de Cataluña de los recursos humanos necesarios para asumir de forma progresiva todas las competencias de gestión, inspección y recaudación de impuestos generados en este territorio.

Con este propósito, la ley abre la puerta a la integración voluntaria -mediante convocatoria pública- de funcionarios de otras administraciones públicas pertenecientes a cuerpos con funciones equivalentes, con lo que la Generalitat espera contar con personal procedente sobre todo de la Agencia Tributaria del Estado.