La Guardia Civil requiere documentos en los ayuntamientos de Madrid y Valencia por Púnica

• Registran los ayuntamientos de Moraleja de Enmedio y Valdemoro, en Madrid
• La UCO también pide datos en otros diez municipios de Madrid y Valencia
• Buscan documentación sobre contratos de facturación hechos por la trama

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil han registrado este martes los ayuntamientos madrileños de Valdemoro y Moraleja de Enmedio y ha requerido información en otros diez consistorios de esa región y de la Comunidad Valenciana por orden del juez Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica de corrupción.

El magistrado ha puesto en marcha la considerada segunda parte de la Operación Púnica, que el pasado octubre acabó con la detención de medio centenar de personas y que ha estado esta vez centrada en recabar información de ayuntamientos.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas y de la investigación, en esta segunda fase se preveía la detención de al menos dos personas, pero su arresto no ha sido posible

Además de los citados registros en los consistorios madrileños de Valdemoro y Moraleja de Enmedio, la UCO ha solicitado datos en otros diez municipios: los ayuntamientos de Madrid, Collado Villalba, Majadahonda, Alcobendas y Coslada, todos ellos en la Comunidad de Madrid, y los de Valencia, Denia, Gandía, Elche y Castellón, en la Comunidad Valenciana.

En estos casos, los guardias civiles buscaban contratos concretos que los consistorios dieron a empresas relacionadas con esta trama de corrupción municipal y autonómica, una red que se adjudicó contratos públicos de unos 250 millones de euros a lo largo de varios años y que dirigían el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza. .

En Valencia, Castellón, Dénia y Gandia, los investigadores han pedido la documentación que hubiera en los ayuntamientos sobre diversas adjudicaciones a sociedades propiedad del empresario considerado "conseguidor" de contratos de la trama, Alejandro de Pedro.

En Valencia y en Castellón, buscaban sendos contratos con la empresa Madiva; en Gandía, otro de 15.000 euros con Eico, y en Dénia, un cuarto de 34.000 euros con otra de las sociedades de De Pedro.

A raíz de la práctica de estas las diligencias, el Ayuntamiento de Castellón ha informado de que el pago del contrato con Madiva Editorial en materia de inserción de publicidad se paralizó y sigue suspendido, y el de Gandía ha defendido la contratación del empresario por su valía en materia de posicionamiento web.

En Denia, se han entregado a la Guardia Civil facturas por publicidad pagadas en el diario Dénia Ara y por mantenimiento de redes sociales, todas abonadas por el consistorio entre 2011 y 2013.

Nuevo registro en las empresas de Marjaliza

Además de la entrada en los ayuntamientos, el juez Velasco ha ordenado también registrar el edificio Éboli de Pinto, la sede social de varias empresas de Marjaliza, que ya se registró en octubre en la primera fase de la Operación Púnica.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que la razón para ordenar otra vez el registro de ese edificio es que alguno de los imputados o testigos que han declarado en los últimos meses en relación al caso mencionó que aún podía quedar información de interés en ese inmueble.

El juez ha citado el día 18 de junio a declarar al socio de Granados, único imputado junto con el exconsejero que continúa en la cárcel, para que aclare ciertas operaciones de lavado de dinero en Singapur y con obras de arte en Suiza para blanquear fondos.

La Audiencia Nacional le mantiene en prisión porque cree que, de ponerle en libertad, hay un "elevado riesgo" de que se fugue y destruya pruebas en vista de las líneas de investigación abiertas contra él, entre ellas la de sus más de 150 empresas.

La mayor parte de la instrucción del caso Púnica sigue bajo secreto de sumario, ya que aún se están analizando los 43 terabytes de información que se confiscaron en los registros de octubre, y el próximo jueves el juez tomará declaración como imputados al "conseguidor" De Pedro y al alcalde en funciones de Sevilla la Nueva, Mario Utrilla.