Los exdirectivos de Novacaixagalicia insisten en que sus contratos los conocía el Banco de España
- Gayoso habla de "transparencia" en las indemnizaciones millonarias
- El ex director general afirma que no planeó su salida de la caja
- Las fiscales piden que devuelvan casi 19 millones y paguen una multa
El excopresidente de Novacaixagalicia (NCG), Julio Fernández Gayoso, ha terminado de declarar este miércoles ante el juez en la Audiencia Nacional y ha defendido que las prejubilaciones de 18,9 millones de euros concedidas a cuatro altos directivos eran legales y se sometieron al examen de los órganos de control y del propio Banco de España.
El antiguo responsable de Caixanova se ha sentado en el banquillo junto a cuatro miembros de su cúpula y el abogado Ricardo Pradas que les asesoró en el plan de indemnizaciones millonarias que ejecutaron en plena crisis de las cajas.
La Fiscalía Anticorrupción y Novacaixagalicia, como acusación particular, piden que sean condenados a tres años de cárcel por delitos de apropiación indebida y administración desleal y que queden inhabilitados durante tres años para ejercer cualquier actividad profesional relacionada con el sector bancario. La acusación popular, ejercida por Adicae, solicita sendas penas de cuatro años de prisión.
Gayoso ha defendido que los contratos se adaptaron al plan de fusión y no conllevaron ninguna mejora para los directivos ni ningún "perjuicio" a la entidad. El propuso extender sus condiciones al único cargo procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes, como un "acto de absoluta justicia".
“Un ejercicio de transparencia clarísimo en los contratos de alta dirección“
El acusado destaca que sometió los contratos de alta dirección a la ratificación de la Comisión de Retribuciones y del Consejo de Administración, aunque no fuera necesario. "Es un ejercicio de transparencia clarísimo y eso desmonta la teoría de que se ocultaran los contratos de alta dirección existentes en las antiguas cajas", ha apuntado.
Pego se jubiló "en contra de su voluntad"
Por su parte, el ex director general de Novacaixagalicia José Luis Pego, ha insistido ante el juez que "no planeó su salida de la caja" y que esta se produjo "en contra de su voluntad" porque los nuevos responsables de la entidad, convertida en banco, no contaban con él, según informa TVE.
Pego ha matizado que se jubiló de acuerdo con su contrato y que "decir que estaba preparando un plan para beneficiarse económicamente es absolutamente erróneo". Con el mismo argumento que otros acusados, ha sostenido que "el Banco de España estaba al tanto de todo" y que su actuación fue "totalmente transparente".
También ha empezado a declarar el exresponsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán que continuará el jueves, día que también esta previsto que declare el antiguo gestor de la oficina de integración Oscar Rodríguez Estrada.
Las fiscales piden que devuelvan el dinero y paguen 75.000 euros
Las fiscales Pilar Melero y Concepción Nicolás piden además que los acusados devuelvan los 18.915.291 euros que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación, y una multa de 75.000 euros. Concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros, Gorriarán de 4,8 millones y García de Paredes de 5,6 millones.
Este lunes el abogado que asesoró en la elaboración de los contratos de las prejubilaciones millonarias, Ricardo Pradas, sostuvo que siempre actuó con "pulcritud jurídica" para defender los intereses de la entidad a la que representaba. "Si esto me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea", dijo.
Pradas explicó que su labor consistía en prestar "asesoramiento global" y examinar los borradores de los contratos, cuyo redactado final, según sus palabras, ha visto por "primera vez" en la sesión del juicio. Añadió que los directivos de la caja fusionada "podían prejubilarse aun no cumpliendo con el requisito de edad" y recibir el dinero de una tacada o fraccionado en varios pagos.