Se reanuda el juicio de Fitur del caso Gürtel con una nueva petición de suspensión de las defensas

• El TSJCV ha retomado el juicio después de dos meses suspendido
• En total trece acusados se sientan en el banquillo de los acusados

Las exconselleras Angelica Such (izqda) y Milagrosa Martínez en el banquillo cuando se retoma el juicio por los contratos de Fitur.

Los abogados de la mayor parte de los trece acusados en el juicio por los contratos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel por el expositor valenciano en Fitur entre 2005 y 2009 han vuelto a pedir la suspensión de la vista y una nueva instrucción complementaria, ante la incorporación de nueva documentación a la que hasta ahora no habían tenido acceso y que constaba en la causa matriz que se instruye en el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional.

Las vistas se han retomado este jueves, más de dos meses después de haber sido suspendidas (el pasado 1 de abril) a petición de las defensas, precisamente por la incorporación de nueva documentación a la causa.

En la primera de las dos jornadas de cuestiones previas, los abogados defensores han aludido de nuevo a la vulneración de los derechos fundamentales de sus defendidos en las escuchas y registros -también en la detención, en el caso de Francisco Correa-.

Así de contundente se ha pronunciado, por ejemplo, el letrado de uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, quien ha insistido en que la aparición de nueva documentación en Madrid, a la que hasta ahora solo había tenido acceso las acusaciones y las autoridades policiales y tributarias, "justifica una instrucción complementaria que permita que los escritos de defensa y de la acusación puedan experimentar las modificaciones pertinentes a la luz de las pruebas".

Necesitan más tiempo

Precisamente fue esta nueva documentación la que obligó al tribunal valenciano a suspender la vista el pasado mes de marzo tras pedirlo también las defensas, al asegurar que se estaban vulnerando los derechos de sus representados al no poder enfrentarse al juicio con las mismas pruebas e informaciones que las acusaciones.

El TSJCV les dio un plazo para instruirse de algo más de dos meses, aunque las defensas vuelven a alegar que no han llegado a tener acceso a estos documentos hasta la pasada semana.

De hecho, han lamentado no haber tenido acceso a la plataforma informática en la que se halla toda la documentación que consta en la causa central que dirige el juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, cuyas claves disponen desde el pasado lunes, han explicado.Y es que para revisar los archivos informáticos han dispuesto únicamente de tres días -serían 6.000 gigas de documentación, según ha apuntado el letrado de Herrero--.

Ante esta nueva documentación y el "escaso" tiempo para estudiarla, el letrado de Crespo ha subrayado la "necesidad" de que se suspenda la vista porque los letrados necesitan "más tiempo": "Es literal y materialmente imposible estudiarse esta documentación en tan poco tiempo", ha dicho, y ello "afecta al derecho de defensa y a un proceso justo con todas las garantías". "Necesitamos más tiempo para escudriñar todo lo que hay", ha apostillado.

Piden una instrucción complementaria

Junto a ello, ha abogado, al igual que otros letrados, por realizar una instrucción complementaria. De aceptarse esta solicitud, el tribunal valenciano podría perder la competencia para seguir con el enjuiciamiento de esta pieza, puesto que se retrotraerían las actuaciones al momento anterior a la apertura de juicio oral, y el encargado de seguir con el procedimiento, al no quedar aforados en la causa, sería un juzgado ordinario.

La letrada de Mónica Magariños, una de las exempleadas de la trama, ha insistido en esta instrucción complementaria y ha advertido de que la vista oral "no puede sustituir esta instrucción solicitada". "Debería permitirse que acusaciones y defensas pudieran modificar sus escritos y proponer nuevas pruebas", ha subrayado.

Por otro lado, ha advertido de que tan solo hace una semana que asumió la defensa de Magariños, puesto que anteriormente lo hacía otra letrada del turno de oficio, y ha señalado que en este tiempo no le ha dado a tiempo a ver y estudiar toda la documentación que obra en la causa. "Si el tribunal no accediera a darme un plazo razonable para instruirme adecuadamente, se estaría vulnerando el derecho de defensa", ha puntualizado. Ha solicitado, al menos, un plazo de 60 días naturales.

Así mismo, ha aludido a "vicios" en la fase de instrucción que "no son subsanables" como la "ocultación de documentos a los que sí han tenido acceso órganos policiales, tributarios, administrativos y la acusación pública".

Por su parte, el letrado de la exconsellera Milagrosa Martínez ha insistido en estos mismos extremos que han expuesto sus compañeros, y ha aludido a que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva y el control judicial. Además, ha reiterado la infracción del derecho de las comunicaciones al acordarse intervenciones telefónicas que carecían del requisito de temporalidad. En una de estas conversaciones se aludía a un supuesto regalo para Martínez, su representada.

Correa denuncia otras "irregularidades"

El abogado de otro de los cabecillas de la trama, Francisco Correa, se ha referido a otras "irregularidades" en el procedimiento como el hecho de que su cliente estuviera detenido durante cinco días o que no pudiera estar presente en los registros practicados en sus oficinas. "Este proceso está viciado desde el principio, y esto continua sin tener en cuenta un pisoteo constante", ha lamentado.

Por su parte, el letrado de Cándido Herrero ha manifestado que la solicitud de la suspensión del juicio "no es gratuita" y se justifica en la "gravedad" de la causa y para "evitar la desigualdad entre las partes". "Nos interesa a las defensas que se haga el juicio ya, pero con garantías", ha destacado, al tiempo que ha agregado: "Toda la instrucción se ha practicado sin que las defensas hayan tenido oportunidad de examinar toda la prueba". Ha afirmado que con tres meses para estudiar la nueva información, "sería suficiente".

Así mismo, la representación de otro supuesto cabecilla y responsable de Orange Market, Alvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', ha señalado que los acusados tienen derecho a un proceso "con todas las garantías" y ha denunciado la falta de imparcialidad objetiva del tribunal, así como una vulneración del derecho debido al despiece o formación de piezas en el proceso. Mañana se retomarán las cuestiones previas con el turno de réplica para las acusaciones: Fiscalía y PSPV --acusación particular--.

El juicio se reanuda este viernes a las 9.30 horas, en la que será la segunda de las sesiones previstas para cuestiones previas, con las intervenciones de la fiscal y la acusación particular, y posiblemente la sala se pronuncie sobre las peticiones de una nueva suspensión.

Un juicio ya suspendido

Precisamente este jueves ha arrancado de nuevo el juicio por la pieza 3 del caso Gürtel, que lleva más de cuatro años de instrucción, en el TSJCV, y que ya fue suspendido hace dos meses por la misma razón que este jueves alegan.

Además, entonces las defensas también cuestionaron la imparcialidad del tribunal juzgador, por haberse pronunciado sobre recursos del caso, y una de las partes llegó incluso a recusar al magistrado Juan Climent por haber pertenecido al Gobierno socialista en la etapa de Joan Lerma. No obstante, Climent continúa integrando el tribunal que juzgará esta pieza tras rechazar la sala la recusación planteada --fue por el letrado de Pablo Crespo, considerado número dos de la trama--.

El juicio se ha reanudado sobre las 10.00 horas, media hora más tarde de lo previsto, con una jornada destinada a cuestiones previas.

En total, estaban previstas 38 sesiones, una de ellas como reserva, y el juicio estaba previsto que concluyera en diciembre, en vísperas de Navidad. Las declaraciones de acusados, testigos y peritos iban a comenzar el 19 de junio y concluirían el 10 de diciembre.

En este procedimiento hay 13 personas acusadas: las exconselleras de Turisme Milagrosa Martínez --también alcaldesa en funciones de Novelda y expresidenta de las Corts-- y Angélica Such (declararán el 17 de julio); el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turisme (AVT), Rafael Betoret; el exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT, Isaac Vidal; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa --considerados presuntos cabecillas de la trama--; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Isabel Jordán (exadministradora de empresas de la trama); y Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades).

El juicio se celebra por delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.