El Gobierno recurre ante el TC la ley catalana de medidas fiscales y financieras
- El Ejecutivo impugna dos artículos y diversas disposiciones adicionales
- Dice que sientan "las bases" para ir "trabajando en estructuras de Estado"
El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de medidas fiscales y financieras, aprobada por el Parlament el pasado 11 de marzo.
El Ejecutivo impugna dos artículos de la ley -los números 69 y 95- así como diversas disposiciones adicionales, y acuerda solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión automática de la vigencia de esta ley.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa que el Gobierno ve inconstitucional partes de esta ley en las que se que sientan "las bases" para ir "trabajando en estructuras de Estado" cuya finalidad sería la soberanía de Cataluña.
Cuenta con el aval del Consejo de Estado
La decisión del Ejecutivo cuenta con el aval del Consejo de Estado y el informe favorable de la Abogacía del Estado, ha dicho Sáenz de Santamaría.
"Son preceptos que tienen por objeto posibilitar que, en caso de separación, se asuman funciones propias del Estado", ha señalado la 'número dos' del Ejecutivo.
"Si inconstitucional es declarar la soberanía del Parlamento de Cataluña, inconstitucional es sentar las bases para ir trabajando en estructuras de un Estado que pudiera considerarse soberano", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Sáenz de Santamaría ha explicado que en concreto el objeto del recurso es la impugnación de dos artículos, el 69 y el 95, y diversos dispositivos adicionales (22, 23, 24, 25, 26) de la ley catalana 3/2015.
Entre otras cosas, se impugna una disposición adicional que pretende crear un plan para que el Ejecutivo catalán gestione todos los impuestos catalanes "incluidos los que recaen sobre el tráfico exterior".
La Generalitat acusa al Gobierno de hacer "persecución política"
Por su parte, la Generalitat ha acusado al Gobierno central de usar las instituciones del Estado de forma "partidista" para desarrollar una "persecución política" antes de las elecciones catalanas del 27 de septiembre, después de que el Ejecutivo haya presentado este nuevo recurso.
Según fuentes del gobierno catalán consultadas por Efe, el Consejo de Garantías Estatutarias -órgano consultivo catalán en materia constitucional y estatutaria- ya emitió un informe sobre la ley de acompañamiento y entonces el Parlament hizo las pertinentes modificaciones para adaptarla al dictamen.
El Govern constata, tras este nuevo recurso, que "la campaña del 27S ya ha empezado" pero asevera que seguirán con las actuaciones del proceso soberanista en cumplimiento de los mandatos del Parlament en esta materia.