Un informe sudafricano pide una investigación a la Policía por la masacre de 34 mineros en 2012

• El informe exculpa al Gobierno de cualquier responsabilidad
• El presidente Zuma ha leído las conclusiones de la Comisión
• Los mineros "promovieron una situación de conflicto"

Fotografía de archivo de la masacre de Marikana, en Sudáfrica. REUTERS/Siphiwe Sibeko/Files

El informe de la Comisión de Investigación sudafricana de la masacre de Marikana ha recomendado una investigación penal a la policía aunque ha exculpado al Gobierno de Sudáfrica de cualquier responsabilidad en la muerte de 34 mineros por disparos de la Policía durante las violentas protestas del 16 de agosto de 2012 en una mina de esa localidad.

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha leído las conclusiones del informe en un esperado discurso televisado a la nación. El documento, elaborado durante dos años con los testimonios de todos los implicados por una comisión presidida por el juez retirado Ian Farlam, descarta la responsabilidad de los ministros de Minería y de la Policía en el incidente, en contra de la opinión de los representantes de las víctimas.

Los agentes actuaron sin "dirección ni control"

La comisión recrimina a la policía no haber detenido la operación contra los mineros huelguistas tras los primeros disparos y considera que los agentes actuaron sin "dirección ni control" al abrir fuego contra la protesta violenta. Además, las fuerzas del orden no debieron actuar contra los mineros el 16 de agosto, ya que la táctica operativa para dispersarlos no cumplía todos los requisitos deseables.

Zukiswa Mbombo, jefe de la Policía de la provincia del Noroeste -donde se encuentra Marikana, un municipio del cinturón de platino situado a cien kilómetros de Johannesburgo-, fue quien tomó la decisión de llevar a cabo la operación, concluyó el juez Farlam. Cyril Ramaphosa, actual vicepresidente de Sudáfrica y dirigente de la empresa Lonmin, propietaria de la mina cuando ocurrió la masacre, también fue absuelto de cualquier responsabilidad en la matanza.

En una serie de correos electrónicos hechos públicos durante la investigación, Ramaphosa, a quienes los abogados de las víctimas acusan de instigar la masacre, aseguraba a la dirección de Lonmin haber pedido al Gobierno que respondiera con contundencia a las protestas de los huelguistas.

La actitud de los mineros

El informe se refiere también a la actitud de los mineros en huelga, que "promovieron una situación de conflicto" al manifestarse con armas y en una actitud violenta que provocó, entre el 11 y el 16 de agosto, la muerte de otras diez personas, entre policías, personal de seguridad de la empresa y mineros ajenos a la huelga.

La comisión acusa al convocante del paro, el Sindicato de la Asociación de Mineros y de la Construcción (AMCU), de no haber controlado a sus miembros, al igual que el sindicato rival y opuesto a aquella huelga, la Unión Nacional de Mineros (NUM).

Asimismo, la empresa Lonmin no hizo todo lo posible para llegar a un acuerdo que evitara las protestas ni para proteger a los trabajadores que sí acudían a sus puestos. El informe recomienda la desmilitarización de la Policía y la mejora de los planes de actuación ante este tipo de situaciones.

Las huelgas y la violencia son habituales en el cinturón del platino sudafricano, donde los enfrentamientos y ajustes de cuentas entre los dos sindicatos mayoritarios causan cada año varios muertos.