El Tribunal Supremo ve indicios de que Chaves y Griñán prevaricaron en el 'caso de los ERE'

• El juez mantiene la causa contra los expresidentes de la Junta de Andalucía
• Pide el suplicatorio para Chaves, Zarrías y Viera e inculpa a Griñán [.pdf]
• Ve "incoherente" que la "cúpula" no conociera el "sistema ilegal" de ayudas
• El instructor exculpa a la exconsejera y actual senadora Mar Moreno

El Supremo ve indicios de prevaricación administrativa en Chaves y Griñán por los ERE

El juez que investiga en el Tribunal Supremo el caso de los ERE mantiene la causa contra los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán al estimar que existen indicios de presunta prevaricación administrativa. El instructor de la causa, Jorge Barreiro, cree que también pudieron prevaricar con su actuación los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. En el caso de este último aprecia además indicios de malversación de fondos públicos.

El magistrado considera "inverosímil" que no conocieran los informes de la Intervención General de Andalucía que alertaron durante años sobre el sistema "ilegal" y "descontrolado" de ayudas socioeconómicas que funcionó entre 2000 y 2010, en contra de lo que defendieron todos en sus declaraciones judiciales. Barreiro ve además "incoherente" que este procedimiento fuera conocido por cargos intermedios y no por la "cúpula de la pirámide" de la Junta, como si hubiera un "pacto de silencio" de altos funcionarios para "ocultar" lo que estaba pasando.

Para continuar con la instrucción contra estos cuatro exdirigentes andaluces del PSOE, el juez por una parte ha reclamado el suplicatorio al Congreso de los Diputados para inculpar a Chaves, Zarrías y Viera en una exposición razonada [.pdf]. Fuentes del alto tribunal han señalado a RTVE.es que aún no se trata de una imputación formal de un delito precisamente por su condición de aforados. Los tres han renunciado a sus actas como diputados tras conocerse la decisión del Supremo

Por otra parte, el juez en un auto [.pdf] ha defendido su competencia para seguir investigando a José Antonio Griñán, como presunto coautor de un delito de prevaricación, a pesar de que ya no es aforado al haber dejado de ser senador.

Por último, el instructor ha archivado el caso respecto a la senadora y exconsejera andaluza Mar Moreno, la quinta aforada nacional del PSOE que estaba imputada por el Supremo.

El juez: "Cebaron sin descanso la partida de los ERE"

El juez subraya que los implicados "cebaron sin descanso la partida de los ERE", citando las palabras textuales que utilizó el exinterventor de la Junta Manuel Gómez en su declaración ante el Supremo, señala Efe. Según esta agencia, el instructor cuantifica en 855 millones el dinero presupuestado y pagado entre 2000 y 2010 en subvenciones, aunque considera que pasarán años antes de que se pueda evaluar el percance causado a la Administración andaluza. El grueso más importante se dedicó a 77 expedientes de regulación de empleo (ERE), en donde se efectuaron pagos excesivos.

En la exposición razonada en la que pide el suplicatorio para los hasta ahora diputados, el juez sostiene que Chaves "contribuyó a materializar el otorgamiento de ayudas/subvenciones a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales" a través de las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno y también mediante los proyectos de ley de presupuestos.

El instructor ve indicios "suficientes" de que el presidente andaluz desde 1990 hasta 2009 sí conocía el "sistema ilegal" que la Consejería de Empleo puso en marcha en el año 2000 a pesar de que en su declaración ante el Supremo lo negó. El juez se basa en la declaración ante la juez Mercedes Alaya del exconsejero Antonio Fernández, que manifestó su "convicción de que el expresidente" sí lo conocía, y en los informes del interventor general de Andalucía sobre las irregularidades.

El juez Barreiro subraya que "resulta incoherente" que el sistema que se implantó en el año 2000 "fuera conocido por los viceconsejeros, los directores generales y los subdirectores de varias consejerías y, en cambio, no lo conocieran los integrantes de la cúpula de la pirámide" de la Junta de Andalucía como si hubiese un "cortafuegos" que permitiera la comunicación como si hubiera un "pacto de silencio" de los funcionarios respecto a los cargos públicos. Una situación que lindaría, según el juez, con "lo absurdo y lo inexplicable".

El juez ve a Griñán como coautor de un delito de prevaricación

El magistrado incide en esta misma idea en el auto sobre Griñán, al que investiga como exconsejero de Economía y Hacienda (2004-2009) y expresidente de Andalucía desde ese año hasta 2013.

El instructor ve indicios de un posible delito de prevariación administrativa como coautor en José Antonio Griñán ya que "conocía que las transferencias de financiación se estaban utilizando como sistema descontrolado e ilegal para la concesión de subvenciones", según el auto.

"De acogerse a la versión del imputado, en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios (de las viceconsejerías hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de "conspiración del silencio" dentro de las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda e Innovación, para ocultar a sus respectivos consejeros los informes relevantes y alarmantes" sobre las transferencias de financiación.

Según informa Efe, el juez recuerda que desde la Intervención General de Andalucía "se advirtió" a Griñán "no de meras irregularidades en la tramitación y control de las subvenciones por el sistema de transferencia de financiación, sino de auténticas ilegalidades".

Chaves y Griñán negaron que conocieran las irregularidades

En su declaración ante el juez el pasado mes de abril, Griñán admitió que "hubo un gran fraude" con los ERE en Andalucía pero negó que conociera los informes que alertaban de ello. Chaves, sin embargo, no dio por hecho que hubiera habido fraude -es algo que determinará la justicia, aseguró- y subrayó que "jamás" conoció, mantuvo ni impulsó "ninguna ilegalidad".

En el caso del Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia entre 1996 y 2009, el instructor mantiene la instrucción porque hay indicios de que el imputado conoció a través de los llamados "consejillos" -reuniones de los viceconsejeros de la Junta- la existencia del convenio que dio lugar al sistema irregular en la concesión de las ayudas.

En cuanto al exconsejero de Empleo José Antonio Viera (2000-2004), que alegó desconocimiento de temas legales porque solo era un maestro, el juez señala que "los datos incriminatorios" sustentados en documentos y en declaraciones de otros imputados en la causa "son tantos" que estima "innecesario ahondar más en el tema" para pedir el suplicatario no solo por presunta prevaricación, sino también por malversación.

Viera fue uno de los firmantes, como consejero, del convenio que puso en marcha el sistema irregular e intervino también en las modificaciones presupuestarias para incrementar las partidas de las ayudas "a pesar de saber que se estaban concediendo" sin control y con "importantes riesgos para el erario público". El instructor señala además en su escrito que "adoptó una postura activa" en la concesión de ayudas a empresas de la zona de Sierra Norte de Sevilla.