El nuevo Código Penal y la ley de seguridad ciudadana entran en vigor en medio de protestas y recursos

• La prisión permanente revisable copa el protagonismo del nuevo Código Penal
• La ley de seguridad, la llamada "ley mordaza", ha atraído muchas protestas
• Las manifestaciones no comunicadas en el Congreso serán infracciones graves
• La oposición, liderada por el PSOE, recurre los textos ante el Constitucional

Un manifestante a la entrada de la Carrera de San Jerónimo, la calle sede del Congreso de los Diputados.

Este miércoles 1 de julio entran en vigor la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, dos proyectos legislativos del Gobierno que ven finalmente la luz, aunque traen consigo también una estela de polémica política y manifestaciones en contra y sendos recursos recientes en el Tribunal Constitucional que podrían amenazar su vigencia.

Dos aspectos de estos amplios reglamentos emergen como símbolo de la contestación a estas leyes: por un lado, la inclusión de la prisión permanente revisable en el Código Penal, que la oposición considera "una cadena perpetua encubierta"; por otro lado, una ley de seguridad que desarrolla un amplio inventario de conductas sancionables por el cual impedir un desahucio es delito y el rechazo en frontera de inmigrantes irregulares en Ceuta y Melilla (las conocidas como "devoluciones en caliente") no lo es.

Después de un complicado recorrido parlamentario, casi al final de la legislatura y en las cercanías de las elecciones generales, el PP pone en marcha unas leyes que se había comprometido a llevar adelante en su programa electoral, al tiempo que el PSOE y otros partidos de la oposición han convertido en bandera política el compromiso de derogarlas si llegan al Gobierno.

La Ley de Seguridad Ciudadana entra en vigor

La prisión permanente revisable, en el Código Penal

Casi tres años después de su nacimiento, el nuevo Código Penal, el principal legado del Ministerio de Justicia, entra en vigor, aunque con "errores" en la redacción de algunos delitos y la polémica en torno a la prisión permanente revisable, recurrida en la víspera de su entrada en vigor por toda la oposición.

Dos de cada tres españoles apoyan la existencia de esta condena, defiende el PP; pero toda la oposición la ha denunciado y pocos juristas la sostienen. A partir de este 1 de julio, será una pena que se podría aplicar a los culpables de delitos de terrorismo y de asesinatos de menores o discapacitados, algunos tan conocidos y que han causado tanta repulsa social como el caso de José Bretón o de Marta del Castillo.

Aunque contó con el aval del Consejo de Estado, que no veía impedimento constitucional en esta iniciativa -sí ponía en cuestión que sea necesaria-, todos los grupos de la oposición en el Congreso consideran que es una cadena perpetua encubierta que vulnera cuatro artículos de la Constitución: creen que es una pena inhumana, desproporcionada, indeterminada y prolongable hasta la muerte del reo y que restringe la posibilidad de reinserción.

El Gobierno apela a que "el propio Tribunal de Estrasburgo la ha validado y países democráticos de la UE la tienen en sus ordenamientos", ha defendido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que augura que el Tribunal Constitucional rechazará el recurso.

Se persiguen el pirateo, la financiación ilegal de partidos y la humillación de víctimas

El nuevo Código Penal aumenta las penas para delitos de corrupción, como la prevaricación, que podrá castigarse con una inhabilitación de nueve a 15 años. También se endurecen las penas en la trata de seres humanos y en los delitos de odio.

Además, los condenados por terrorismo, odio o genocidio estarán inhabilitados para ser profesores y a partir de ahora se podrá perseguir el pirateo en internet aunque no haya ánimo de lucro y se permite el bloqueo de las páginas.

Se crea el delito de humillación para víctimas del racismo, antisemitismo, orientación sexual o enfermedad. Es decir, facultada por el nuevo Código Penal, la Fiscalía perseguirá en internet y las redes sociales los mensajes que supongan un menosprecio o humillación a grupos o personas por motivos racistas, antisemitas, orientación sexual o enfermedad, como ha sucedido con el concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital Guillermo Zapata.

Entre los nuevos delitos, se recoge también la financiación ilegal de partidos, que se castigará con hasta cinco años de cárcel. Aunque la ley indica que una donación será ilegal a partir de los 60.000 euros, solo será delito a partir de 500.000 para donaciones de españoles y de 100.000 si son extranjeros.

También se convierte en delito agredir a un profesor, a un médico y el acoso o difundir grabaciones íntimas de otras personas. El texto eleva a 16 años la edad de consentimiento sexual, castiga el matrimonio forzado, establece medidas de libertad vigilada para casos de asesinatos graves y violencia de género y suprime las faltas.

En este punto -sin el relumbrón mediático de otras medidas de la reforma- se ha atascado la labor legislativa en las últimas semanas, después de que se detectaran "errores" en 16 delitos menos graves, que tendrán que considerarse leves.

Y mientras el ministro, Rafael Catalá, cree que "no tendrá ninguna consecuencia práctica", las asociaciones de jueces hablan de "chapuza" y vaticinan "muchos y enormes problemas" por las deficiencias técnicas de la ley, que obligará a revisar miles de causas.

Rafael Catalá, en Los Desayunos

Rechazo general a la Ley de Seguridad Ciudadana

La Ley de Seguridad Ciudadana es conocida con el apelativo de "ley mordaza", que deja ver con claridad el posicionamiento de la oposición y las organizaciones críticas con este texto, proyecto estrella del Ministerio del Interior.

Ahora, impedir un desahucio, las faltas de respeto a los agentes, alterar gravemente el orden público cerca del Congreso, escalar un monumento, acampar en la calle o ocupar una entidad bancaria serán motivo de sanción, con sanciones de 100 a 600.000 euros según la gravedad de las conductas. [¿Qué sanciona la Ley de Seguridad Ciudadana?

Tras un periplo legislativo de año y medio, y a pesar de haber sido suavizada en su tramitación parlamentaria, esta ley concita un rechazo unánime fuera de las filas del PP, el único partido que votó a favor de su aprobación. El resto de partidos han prometido derogarla si llegan al poder y cuentan con un recurso de inconstitucionalidad que fue presentado en mayo que apoyaron diversas organizaciones sociales, puesto que consideran que se están criminalizando las formas de protesta.

La última protesta contra la "ley mordaza" ha tenido lugar este martes, cuando tres activistas de Greenpeace permanecieron cuatro horas encaramados en una grúa del Congreso. La siguiente la han previsto en forma de sentada en el Congreso coincidiendo con la entrada en vigor de la ley, y las organizaciones sociales han diseñado un calendario de protestas bajo el lema #SinMordazas.

La oposición cree que persigue "frenar las protestas ciudadanas"

A pesar del rechazo, a juicio de los responsables de Interior, este texto es "más garantista" que el actual en vigor de 1992, que también tenía su apodo, la llamada "ley Corcuera" o de "la patada en la puerta", y creen que respeta plenamente la Constitución y, aún más, deja menos margen a la discrecionalidad.

Así, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz presume de que por primera vez se prohíben por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, se regulan los cacheos y se fija en un plazo máximo de seis horas el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas solo en supuestos excepcionales y cuando no sea posible acreditar esta identificación por medios físicos o telemáticos.

Sin embargo, la oposición considera que esta ley pretende "frenar las protestas, las quejas y las manifestaciones de los ciudadanos" en contra de los recortes de derechos y libertades. La ley castiga como infracciones graves (con una multa entre 601 y 30.000 euros) las manifestaciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad, así como la negativa a disolver reuniones o manifestaciones, las conocidas como "sentadas", cuando lo ordene la autoridad.

También para buena parte de la profesión periodística, representada en asociaciones profesionales, la ley pone en peligro la libertad de información, en especial por el artículo que sanciona como grave el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Con la entrada en vigor de la 'ley mordaza', el ejercicio del periodismo en nuestro país es menos libre que antes", lamenta la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Ante tal disparidad de puntos de vista, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha difundido una serie de recomendaciones a las administraciones para aplicar la ley, como limitar las sanciones económicas que pudieran imponerse por alterar manifestaciones a los casos de "especial gravedad", o que no se exija una autorización previa para la difusión de imágenes y que sí sea necesaria una autorización judicial para retirar material informativo.

Capítulo aparte en esta ley, en sentido literal, ha sido la disposición adicional que modifica la Ley de Extranjería para legalizar las denominadas "devoluciones en caliente" en las fronteras de Ceuta y Melilla y que está en vigor desde el 1 de abril, que también se ha recurrido bajo la acusación de conculcar el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo, refugio y protección internacional.