Dimite la directora de la Alhambra tras la querella de la Fiscalía por el caso de las audioguías

• La Fiscalía investiga una presunta irregularidad en la adjudicación de contratos
• El Ministerio Público cifra en 5,41 millones el posible fraude por audioguías de la Alhambra

La directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca.

La directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, ha anunciado su "renuncia voluntaria" tras 11 años en el cargo después de que la Fiscalía presentara una querella contra ella y contra otras cinco personas por posibles irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de alquiler de audioguías.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa convocada de urgencia en el Palacio de Carlos V, donde ya había asegurado días antes, tras declarar en calidad de detenida ante la Policía por este asunto, que pondría su cargo a disposición de sus superiores si finalmente era imputada.

Además de Villafranca, han sido denunciados la secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro, el jefe de la Sección Económica y de Contabilidad de la Sección de Gestión y Contabilidad de Ingresos y actualmente, de la Sección de Comercialización, José María Visedo, el interventor delegado del Patronato, el administrador único de la empresa adjudicataria del servicio, Stendhal Museum Solutions SL, antes GTP Museum Solutions SL, y su director general.

Un fraude de 5,41 millones

La Fiscalía ha cifrado en más de 5,41 millones de euros las posibles pérdidas totales causadas en los ingresos del Patronato por las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación y contratación del servicio de audioguías de este monumento nazarí.

El Ministerio Público desglosa esta cuantía en la querella presentada contra María del Mar Villafranca y los cargos y empresarios mencionados. En el documento, al que este martes ha tenido acceso Efe, el fiscal, que pide que declaren como imputados todos los querellados, se refiere al "importante perjuicio" ocasionado a las arcas del Patronato y al "beneficio considerable" que el supuesto fraude supuso al adjudicatario del servicio de audioguías.

La acusación pública, que en la fundamentación jurídica apunta a la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, se refiere al "nulo control" por parte de los responsables del Patronato en el seguimiento del contrato y a la "actitud especialmente favorecedora" a los intereses de la firma Stendhal.