La Guardia Civil registra las sedes del instituto de formación de UGT en Madrid y Sevilla

• Los agentes de la UCO han intervenido cajas con diferente documentación
• El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) es una fundación de UGT
• Cándido Méndez señala que la información de la fundación es "transparente"

La Guardia Civil registra las sedes del instituto de formación de UGT en Madrid y Sevilla

La Guardia Civil ha registrado este jueves las sedes en Madrid y Sevilla de la fundación de UGT dedicada a los cursos de formación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES).

El objetivo de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) era buscar documentación relacionada con el caso de las facturas falsas para comprobar cómo se justificaban los cursos de este sindicato en Andalucía. No ha habido ninguna detención.

Los agentes han intervenido cajas con diferente documentación relacionada con las presuntas irregularidades en los cursos de formación vinculados a UGT-A, causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla mantiene imputadas en este caso a 18 personas, entre ellas, los ex secretarios generales de UGT-Andalucía Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, a los que la Fiscalía Anticorrupción acusó de "financiación ilegal del sindicato" a través de los fondos de formación. También está imputado Federico Fresneda, ex vicesecretario general de Administración y Recursos Humanos y extesorero del sindicato.

Según su página web, el IFES señala que ha impartido desde su creación más de 110.000 cursos a 1,6 millones de alumnos y que dispone de sedes en la mayoría de las comunidades autónomas. Colabora con el Servicio Público de Empleo, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, así como con todas las administraciones autonómicas y numerosos ayuntamientos, diputaciones y empresas.

Presunta financiación ilegal del sindicato UGT

En la providencia donde citó a declarar a Pastrana y Fernandez Sevilla, el juez señalaba que la actividad presuntamente fraudulenta investigada "se concretaba en el establecimiento de la técnica del 'rapel', que permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas por no declararse dichos descuentos a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención".

El juez también aludió al llamado 'bote', "informatizado y controlado a través del programa informático Spyro en un sistema que facilitaba al sindicato financiarse con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas, que no se correspondían a servicio prestado alguno, pero que eran imputadas a programas subvencionados".

El pasado 6 de febrero se conoció que la UCO de la Guardia Civil entregó un atestado al juez en el que se concluyó que se había evidenciado que distintos proveedores efectuaron pagos a UGT-A en concepto de "rápel/comisión/descuento" por valor de 1,98 millones.

El 'rápel' se imponía "por contrato"

En el atestado se detallaba que "en la práctica totalidad de los casos" el rápel era algo que se imponía "por contrato" por parte del sindicato a sus proveedores, con particularidades en función de parámetros como el volumen de facturación, y por ello existen diferencias en las cantidades.

Entre los proveedores destaca a Siosa y Karonte Nuevos Desarrollos S.L, en los que se ha observado "un importante volumen de facturación" y que informaron de que "sí habían pactado" con el sindicato unas condiciones concretas de rápel, aunque lo habían hecho "de forma verbal".

En el caso del proveedor Siosa, se nombra al extesorero del sindicato Federico Fresneda como el interlocutor con el que se pactaron las condiciones para estas comisiones.

Irregularidades en la confección de facturas

Asimismo, resaltaba la Guardia Civil que las irregularidades en la confección de facturas es "otro de los aspectos que se ponen de manifiesto" y se han detectado una serie de registros en los que, finalizando el ejercicio económico, "se realizan correcciones en determinadas facturas emitidas por determinados proveedores".

Ha subrayado que hay una serie de registros vinculados a acciones formativas, reportados por el proveedor Carpetas Abadía, e incluso en el concepto de uno de ellos se anota: "ojo, quisieron la factura con fecha 31/03/10".

Aunque la documentación aportada por los proveedores en algunos casos es "escasa o no se adecúa a lo solicitado", la Guardia Civil establece una "aproximación" respecto a la mayoría de los proveedores que en los conceptos de factura así lo reflejan, "donde se especifica qué cuantía de su facturación se encontraba vinculada a la realización de diferentes acciones formativas".

Cándido Méndez señala que tiene "tranquilidad absoluta"

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha dicho que tiene "una tranquilidad absoluta" porque la documentación del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) es "transparente" y cumple "estrictamente todos los requisitos de legalidad" y de ejecución de los cursos de formación.

En la presentación del Anuario de la Agricultura Familiar, Méndez ha asegurado que el IFES muestra una "disponibilidad abierta y absoluta" para aportar toda la documentación requerida.