El Congreso aprueba la reforma del ley del aborto con la oposición de varios diputados del PP

• Al menos cuatro diputados 'populares' votaron en contra y uno se ha abstenido
• La Cámara Baja envía la reforma al Senado con la oposición en contra
• El aborto vuelve a ser una de las tres situaciones que precisan consentimiento

Luz verde en el Congreso a la reforma del aborto con el desacuerdo de cinco diputados del PP

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma de la ley del aborto para impedir que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres, que presentó el PP, si bien al menos cuatro de sus diputados han votado en contra y uno se ha abstenido.

Prácticamente toda la oposición ha votado contra de la modificación legislativa, que el PP ha sacado adelante con 184 votos, haciendo uso de su mayoría parlamentaria y con el apoyo de los cinco diputados de Unió y el de Foro Asturias para continuar la tramitación en el Senado.

Diputados díscolos del PP

Cuatro diputados del PP han roto la disciplina de voto, ya fuese durante la votación del dictamen de la Comisión de Sanidad o al pronunciarse en la votación de conjunto que correspondía hacer por tener la norma carácter orgánico. Así se han dado posiciones distintas aunque el texto sometido a consideración en ambos casos era el mismo.

En la votación de conjunto, Antonio Gutiérrez ha votado en contra, mientras que los también 'populares' Lourdes Méndez, Javier Puente y Eva Durán se han abstenido y José Eugenio Azpiroz, también opuesto a la iniciativa, ha votado a favor.

Sin embargo, al opinar sobre el dictamen, Méndez, Gutiérrez, Azpiroz y Durán han votado en contra, mientras que Javier Puente se ha abstenido, al igual que ha hecho en ambas votaciones el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador.

El pleno ha debatido el dictamen de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales sobre la reforma, así como las enmiendas que han mantenido los grupos.

El PP quiere que se publique en el BOE en septiembre

Con esta votación en la que han sido rechazadas las enmiendas parciales presentadas por PSOE, Convergència, Izquierda Plural, UPyD, PNV, BNG y ERC, la proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo viaja al Senado en los mismos términos en los que se presentó en abril.

La intención del PP es que pueda completar allí su tramitación sin que se incorporen cambios, de forma que el texto no tenga que volver a ser refrendado en el Congreso de los Diputados y pueda estar listo para su publicación en el BOE a finales del mes de septiembre, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Se avanza así en el trámite de esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso después de que el Gobierno retirase en septiembre de 2014 la reforma del aborto que había planteado el Ministerio de Justicia, un proyecto que proponía la instauración de un sistema de supuestos más restrictivo que el vigente desde 1980 y cuya desaparición implicó la dimisión inmediata y el abandono de la política de Alberto Ruiz Gallardón.

Consentimiento de los padres para abortar

La modificación sólo toca las leyes de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de Autonomía del Paciente para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto.

La forma escogida para impulsar la reforma ha sido cuestionada por los grupos parlamentarios y las ONG desde el principio, ya que al presentarla en forma de proposición de Ley Orgánica, no ha tenido que pasar el filtro de los órganos consultivos del Estado, encargados de informar las leyes.

Asimismo, el fondo de la cuestión ha recibido numerosas críticas: sus detractores aseguran que abocará a un aborto ilegal e inseguro a las chicas más vulnerables, aquellas que cumplen algunas de las causas tasadas en la ley para no informar a sus progenitores, como en caso de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o desamparo.

Tampoco ha contentado a las asociaciones provida, que exigían al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales entendiendo que estos eran la derogación del sistema de plazos actual y la reinstauración del sistema de plazos que avaló el Tribunal Constitucional en una sentencia en 1985.

La misma premisa ha inspirado críticas dentro del propio Grupo Parlamentario Popular, donde cinco diputados han encabezado públicamente la disconformidad de un sector de los votantes para quienes reformar un aspecto tan puntual de la ley viene a avalar el resto de su contenido. El PP ha defendido que este es el único aspecto en el que hay consenso social suficiente y se remite a lo que tenga que decir el Tribunal Constitucional sobre el resto de cuestiones.

La oposición pide la retirada de la reforma

En el debate del Pleno, PSOE, Izquierda Plural, PNV, UPyD, Amaiur, ERC y BNG reclamaron la retirada de la reforma propuesta por el PP por "innecesaria" y "electoralista" y abocar a las jóvenes a interrumpir el embarazo "sin garantías jurídicas ni sanitarias".

En el caso de CiU, los diputados de Unió respaldan la reforma y no han presentado enmiendas por "coherencia" a la espera de que el Constitucional se pronuncie sobre la ley de 2010.

La diputada del PP Marta González ha defendido la reforma de este punto porque es el que "más preocupación" ha causado entre la ciudadanía, a la espera, ha dicho, de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que este partido presentó contra la ley vigente, de 2010. Y ha querido dejar claro así que, con esta modificación, el PP "no valida" el resto de las cuestiones recurridas.