El juez retira el pasaporte al exconsejero Salvador Victoria por "favorecer" a la red 'Púnica'

• Le imputa varios delitos, entre ellos, prevaricación y cohecho
• Se niega por segunda vez a declarar como imputado
• El juez cree que dio trato de favor al "conseguidor" de la trama

El juez retira el pasaporte al exconsejero Salvador Victoria por "favorecer" a la red Púnica

El juez Eloy Velasco ha impuesto medidas cautelares al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria por el caso Púnica, tales como comparecencias mensuales en el juzgado, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte tras imputarles cuatro delitos: prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

El juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto después de que Victoria se haya negado por segunda vez a prestar declaración como imputadoen relación con supuestos pagos en negro a una empresa de reputación "online", Eico, del considerado "conseguidor" de la trama, Alejandro de Pedro.

Velasco cree que Victoria dio trato de favor a De Pedro con contratos de reputación "online" e influencia en redes sociales favorables a políticos que podrían haber sido abonados con dinero público, han informado fuentes jurídicas.

Se le acusa da dar contratos de publicidad amañados

Se le acusa además de dar contratos de publicidad de forma amañada a empresas de De Pedro y se le relaciona con pagos supuestamente ilícitos con dinero en efectivo hechos por empresas como Indra o empresarios -se sospecha de al menos tres pagos por un total de 120.000 euros-.

A cambio, Victoria habría procurado a Indra y a esos empresarios contratación en la Comunidad de Madrid por trabajos de interés político como encuestas.

El exconsejero, acompañado de su abogado, llegó a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim cinco minutos antes de las diez de la mañana a bordo de un taxi, mismo medio de transporte que utilizó para abandonar el tribunal evitando hacer declaraciones a los periodistas.

El que fuera miembro de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González ha permanecido unas dos horas en la sede de la Audiencia Nacional, a la que ha llegado y de la que se ha marchado en una furgoneta-taxi de grandes dimensiones y sin querer realizar declaraciones a los medios de comunicación.

Negó haber ordenado pagos al 'conseguidor'

En una comparecencia el pasado enero, Victoria negó "rotundamente" haber ordenado al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás, también imputado en esta causa, un pago de 10.000 euros a De Pedro por contratos de reputación "online".

Nicolás dijo en su día al juez que pidió dinero a la empresa Indra para pagar esos 10.000 euros a De Pedro, un pago que podría corresponderse con trabajos hechos por el empresario para mejorar la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos del Gobierno autonómico.

El exconsejero negó que esos trabajos para el partido se financiaran con dinero público y explicó que las empresas de De Pedro -Madiba y Eico- lo que hicieron en base a ese contrato público fue un seguimiento de las informaciones publicadas en las redes sociales y en internet sobre la Comunidad de Madrid, que por "tensiones de tesorería" dejaron de abonarse desde el mes de mayo de 2014.

No pudo ser interrogado en junio por ser aforado

Victoria ya había sido citado el pasado 26 de junio, pero entonces evitó ser interrogado al alegar nulidad procesal en su citación porque cuando Velasco le llamó a declarar, su juzgado no era competente para ello, ya que aún ostentaba la condición de aforado como consejero y diputado autonómico.

Quién sí compareció ese día, pese a haber podido esgrimir la misma alegación, fue la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar, quien a lo largo de casi dos horas de declaración sostuvo que todos los contratos que suscribió con una empresa de De Pedro fueron "legales, fiscalizados e intervenidos sin tacha de ilegalidad".

Los dos exconsejeros dimitieron de sus cargos el pasado 4 de junio, dos días después de conocerse su imputación en el procedimiento.

En esta ronda de comparecencias, también declaró como imputado el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno, al que Velasco impuso una fianza de 100.000 euros para evitar su ingreso en prisión y que tiene hasta el próximo jueves de plazo para pagarla.

Estas citaciones se enmarcan dentro de las investigaciones -cuyo secreto podría levantar el juez esta semana- sobre la supuesta trama de corrupción municipal y regional desarticulada en la operación Púnica el pasado octubre consistente, fundamentalmente, en el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

Del medio centenar de detenidos en esa operación permanecen en prisión preventiva los considerados cabecillas de la red -el exconsejero madrileño del PP Francisco Granados y su socio, el empresario David Marjaliza- y la secretaria y "mano derecha" de este último, Ana María Ramírez.

Citas entre el 'conseguidor' y Victoria

Además, una de las trabajadoras del entramado, Esther Gutiérrez, admitió durante su declaración ante el juez Velasco haber concertado a principios de 2014 entre "siete u ocho citas" entre De Pedro y Salvador Victoria. "Tenía que insistir varias veces y al final le recibía", dijo.

Gutiérrez fue secretaria de dirección de una de las empresas vinculadas al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa (PSOE), imputado en el procedimiento y socio del supuesto 'conseguidor' de contratos de la trama Alejandro de Pedro.

El Gobierno regional negó el pasado enero "categóricamente" que Victoria estuviera relacionado con la trama y explicó que los contratos investigados se referían al "seguimiento de informaciones 'online' y servicios de clipping" de noticias de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ignacio González, como herramienta de trabajo para el seguimiento de todas las informaciones".

En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".