El Consejo Fiscal propone a Pilar Martín como fiscal de Violencia sobre la Mujer

• Actualmente es fiscal de Tribunal Supremo
• Sustituirá así a la anterior fiscal, Soledad Cazorla, fallecida en mayo
• Es la primera mujer que ha dirigido en España una Fiscalía Superior

Reunión del Consejo Fiscal en la que se ha procedido a la provisión de once plazas vacantes

El Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, ha propuesto este martes a la fiscal del Tribunal Supremo Pilar Martín Nájera como responsable de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, en sustitución de la fallecida Soledad Cazorla.

Esta propuesta será elevada por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, al Gobierno ya que es el Consejo de Ministros el que lleva a cabo el nombramiento, han explicado fuentes fiscales.

Soledad Cazorla, que falleció en Madrid, fue la primera mujer en dirigir la red de fiscales especialistas en violencia contra la mujer, que puso en marcha tras la entrada en vigor en 2004 de la ley de violencia de género.

Adscrita al Tribunal Supremo

Su sustituta, Pilar Martín, estaba desde febrero de 2008 adscrita a la sala de lo penal del Tribunal Supremo y en 2005 fue nombrada fiscal superior de Cantabria, la primera mujer que ha dirigido en España un departamento de ese nivel. Ingresó en la carrera fiscal en 1982 y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Cantabria.

Además de Pilar Martín, los candidatos a la plaza, vacante tras el fallecimiento de Cazorla el pasado 4 de mayo, eran Manuel Campos Sánchez, fiscal de la Comunidad Autónoma de Murcia; Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco; María Ángeles Montes, fiscal del País Vasco, y Teresa Peramato Martín, fiscal de Violencia sobre la Mujer.

Su candidatura ha obtenido cinco apoyos, frente a los tres votos logrados por Teresa Peramato y María Angeles Montes, respectivamente.

La Fiscalía especial de Violencia sobre la Mujer supervisa y coordina a nivel estatal a todos los fiscales de la Violencia sobre la Mujer de las Fiscalías de toda España y sus criterios de actuación. Además de actuar en estos casos de violencia machista, mantiene un criterio común en toda España sobre el amparo judicial a estas víctimas.