El juez de 'Púnica' afirma que cargos políticos y funcionarios "rendían pleitesía" a Granados

• Según los detalles del auto de levantamiento del secreto de sumario
• El juez señala que hay 92 personas imputadas desde el pasado octubre
• Entre los imputados está el exconsejero madrileño que sustituyó a Lucía Figar

Uno de los supuestos cabecillas de Púnica, el exconsejero Francisco Granados.

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, afirma que al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y a su socio David Marjaliza les rendían "pleitesía" determinados "cargos políticos y funcionarios", entre los que se contaba un guardia civil, según se desprende de los pinchazos telefónicos recogidos en el auto de levantamiento del secreto de sumario, cuyos detalles se han conocido este jueves.

En el auto, que desgrana los hechos presuntamente delictivos que se achacan a los principales imputados, el juez también detalla que el caso suma ya 92 imputados en una trama que pretendía conseguir adjudicaciones a empresas de la red sobre urbanismo y obras públicas, reputación en internet y eficiencia energética en las comunidades de Madrid, Valencia y Murcia, con la Diputación de León y con una decena de ayuntamientos madrileños.

Entre los imputados por el juez en este auto se encuentran el exconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid Manuel Pérez Gómez, que sustituyó interinamente en el cargo a Lucía Figar, también imputada en la causa, el segundo teniente de alcalde y concejal de Obras y Servicios, Alberto Sánchez Caballero de Collado Villalba (Madrid) y el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés.

Las escuchas a las que se refiere el magistrado permitieron, según el auto, ampliar el conocimiento sobre "el alcance de la influencia" que ejercían el ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados y su socio, el constructor David Marjaliza, "hasta llegar a evidenciar la pleitesía que les rendían determinados cargos políticos y funcionarios", entre los que se encuentra un guardia civil imputado que les avisó de que se les estaba observando.

Un "complejo entramado societario"

Algunos de los indicios contra ellos son los pinchazos telefónicos hechos hasta octubre del año pasado, cuando se destapó la Operación Púnica, que confirman "la frecuente utilización de las relaciones personales e influencias políticas" por parte de los supuestos cabecillas de la trama, Granados y Marjaliza, ambos en prisión.

De las intervenciones telefónicas se puso en evidencia un "complejo entramado societario" creado por Marjaliza y gestionado y dirigido por su secretaria, Ana María Ramírez, con la cooperación de varios imputados más, uno de ellos director de una sucursal bancaria.

Los negocios fraudulentos de Marjaliza pasaban, según recoge el auto, por conseguir contratos públicos para sus empresas y también por actuar de "conseguidor" de estos contratos para terceras personas a cambio de una comisión. Ese fue el caso de adjudicaciones a Cofely y Afedel para la gestión de colegios concertados y contratos de eficiencia energética en varios municipios madrileños, todo ello con la ayuda de funcionarios y políticos de los ayuntamientos.

El magistrado también pone de relieve la labor de los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, que mantenían "continuos contactos" con Marjaliza, Granados y "autoridades públicas y políticas" de Valencia, Murcia, Madrid y León para la obtención de "contratos públicos" y la prestación de "servicios de reputación".

Contactos entre empresarios y "autoridades públicas"

"En la Comunidad de Madrid se conocieron contactos entre De Pedro y funcionarios y autoridades", entre ellos los exconsejeros de Presidencia y Justicia Salvador Victoria y Educación Lucía Figar, según el juez, para "conseguir adjudicaciones de nuevos contratos" de reputación en internet.

El Gobierno madrileño pagaba por estos trabajos, "no abonados ni justificados de manera contable", a través de "formas de pago encubiertas", utilizando adjudicaciones de contratos "en vigor" como uno de la multinacional Indra. Esta actividad provocó la imputación de consejero delegado Javier de Andrés y del director general de Operaciones Santiago Roura.

Además, Eloy Velasco afirma que las investigaciones revelan "datos indiciarios" de un posible concierto entre De Pedro y el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, por el cual De Pedro trabajó supuestamente para apoyar la posición de Martínez Barazón en el PP recibiendo como contraprestación la adjudicación de contratos.

En cuanto a la región de Murcia, el juez afirma que Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, también imputado en la causa, estaban "al frente de un entramado de tráfico de influencias" con autoridades murcianas para la adjudicación de contratos públicos o para la prestación de servicios de reputación en la red para autoridades políticas.

Así, según el auto, se descubrieron los contactos entre De Pedro, José Fidel Saura (jefe de gabinete del consejero de Industria), Mariola Martínez Robles (directora general) y Jesús Galindo, gerente del Instituto de Turismo de la Región de Murcia con la también imputada Reyes Samper, del Instituto de Fomento, para adjudicar varios contratos públicos a favor de las empresas De Pedro, "eludiendo la normativa en materia de contratación pública".

Cuentas sospechosas en Suiza

La causa, relata el juez, se inició el 13 de junio de 2014 por una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras hallarse cuentas sospechosas en Suiza a nombre de Granados y Marjaliza, así como transferencias con Singapur a una empresa de este último justificadas como exportaciones de obras de arte. Estos movimientos de dinero, según el juez, fueron un "ardid para justificar el retorno de parte del dinero", usando la empresa creada por Marjaliza en el país asiático.

La Guardia Civil constató además en la investigación "dudosas actuaciones y contrataciones" en diversos municipios madrileños, sobre todo Valdemoro, y en la Comunidad de Madrid, que evidenciaban "la posible entrega de comisiones por la obtención de ventajas urbanísticas" y "dudosos traspasos de inmuebles" desde el Ayuntamiento de Valdemoro a Granados y Marjaliza.

Esto supuso, según explica el juez resumiendo la querella de Anticorrupción, "la consecución de importantes plusvalías, ventas de parcelas públicas en la época del 'boom' inmobiliario presuntamente infravaloradas y la adjudicación a empresas" de Marjaliza.

Dos imputados siguen en prisión

Eloy Velasco decidió el pasado lunes imponer medidas cautelares a otro de los imputados en la trama corrupta, el exconsejero madrileño Salvador Victoria que se negó a declarar ante el magistrado.

Ana María Ramírez, la secretaria y mano derecha del presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, ha salido esta semana de prisión tras prestar declaración y pagar la fianza de 40.000 euros impuesta por Velasco. Según fuentes jurídicas, la imputada tendrá ahora que cumplir con las medidas cautelares impuestas por el juez: comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salir de España.

Tras la salida de Ramírez de prisión, Marjaliza y el exconsejero madrileño Francisco Granados son los únicos imputados en esta causa que permanecen en prisión por el caso Púnica.

La investigación en el marco de la Operación Púnica desembocó en la imputación de medio centenar de personas el 27 de octubre de 2014, entre ellas el ex número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid Francisco Granados y seis alcaldes de municipios madrileños.

El magistrado ve en este caso una trama "muy compleja y con muchas lineas" de investigación, según ha asegurado esta misma semana en un curso de verano de la Universidad Complutense, solo un día antes de conocerse los detalles del auto de levantamiento del secreto de sumario.