David Marjaliza recibió diez millones de euros en billetes de 500 euros por facturas ficticias

• Le habrían pagado en efectivo por servicios que no llegaron a realizarse
• Granados y su socio ganaban en bolsa gracias a información privilegiada
• La Guardia Civil cree que la trama pretendía financiar al PP en Valencia
• De Pedro dijo que le debían 140.000 euros por trabajos para Ignacio González

Marjaliza recibió diez millones de euros en billetes de 500 euros por facturas ficticias

David Marjaliza, socio del exconsejero madrileño Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica, recibió en efectivo y en billetes de 500 más de diez millones de euros con facturas ficticias a través de nueve empresas vinculadas a él, un dinero "ennegrecido" que, según Anticorrupción, provino de operaciones fraudulentas.

Así consta en la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción ante el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional contenida en el sumario del caso, y que dio inicio a la investigación sobre la trama Púnica, que desembocó el pasado octubre en una operación en la que se detuvo a medio centenar de personas.

Este viernes se han notificado 60 tomos del sumario, es decir, la parte documental, pero no las grabaciones de las declaraciones de los imputados, que podrían notificarse la próxima semana.

En la querella se explica que Marjaliza recibió en 2004, 2005 y 2006 las sumas de 3.192.925, 5.506.842 y 1.548.588 de euros, respectivamente, según "facturas que recogían servicios y relaciones comerciales que no habían tenido lugar, cargadas a sus empresas". Así, recibió en total 10.248.356 euros, un dinero que, según Anticorrupción, fue luego "en parte enviado a Suiza mediante operaciones de compensación".

Ganancias bursátiles con información privilegiada

No solo eso. Según el sumario, el socio del exconsejero madrileño Francisco Granados y este mismo, los dos cabecillas de la trama, abrieron dos cuentas en Suiza con 250.000 euros cada una, con las que compraban y vendían acciones, obteniendo elevados beneficios, valiéndose para ello de "información privilegiada", unas operaciones irregulares que les procuraron "cantidades muy importantes" de dinero, según la querella de Anticorrupción.

Según relata la querella, fruto de la investigación de Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en julio de 2005 ambos socios abrieron una "subcuenta" en el marco de la cuenta que cada uno ya tenía en una entidad bancaria suiza.

Allí ingresaron 250.000 euros cada uno y comenzaron a comprar y vender acciones "casi idénticas" con las que obtuvieron importantes beneficios "no concretados todavía" en la investigación. No obstante, por el volumen de las transacciones y la forma de actuación, la Fiscalía ve claros indicios de que Granados y Marjaliza disponían de información privilegiada.

La querella apunta también a que era Marjaliza quien compraba y vendía las acciones en nombre de Granados, gracias a un poder que le había otorgado el exconsejero a su socio.

Marjaliza y Granados son los únicos de los 92 imputados en este caso que continúan en prisión, una medida que el juez Eloy Velasco no modificó hace unas semanas a pesar de que declaró durante unas 13 horas en tres días diferentes, declaraciones que aún no han sido notificadas a las partes.

Sospechas de financiación ilegal al PP en Valencia

Del sumario se desprende también la sospecha de la Guardia Civil de que la trama estaba dispuesta a financiar al PP en Valencia a cambio de contratos.

Dos conversaciones detectadas de Marjaliza, una con el 'conseguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, y otra con alguien identificado como Alfonso, apuntaban a que empresarios relacionados con la trama pretendían entregar donaciones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas en los municipios de Calpe y Elche.

En caso de confirmarse tal sospecha, precisaron los agentes de la Guardia Civil en un informe remitido al juez, se estaría "ante un caso de financiación irregular de partidos políticos" con la participación de "personas de especial relevancia en la Comunidad Valenciana".

Los agentes suponen que la trama había iniciado "contactos con autoridades públicas" y agregan que en esos encuentros "pudiera producirse un concierto para la adjudicación de contratos de antemano a cambio de financiación de una campaña política".

De Pedro dijo que la Comunidad de Madrid le debía 140.000 euros

Por otra parte, el 'conseguidor', Alejandro de Pedro, aseguró ante la Guardia Civil que la Comunidad de Madrid le debía 140.000 euros por trabajos para mejorar la reputación en las redes sociales del entonces presidente, Ignacio González, y de la Administración regional, y que los pagos, que se hicieron a través de la empresa Indra, eran gestionadas por el que fuera consejero de Presidencia, Salvador Victoria.

En su declaración, incluida también en el sumario, De Pedro señaló que realizó trabajos sobre Ignacio González que consistieron en "escuchas activas en tiempo real sobre qué se dice de esta persona y sobre la Comunidad de Madrid" aunque estos servicios nunca se llegaron a formalizar en un contrato.

El informático concreta que el entonces consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, le dijo que le pagaría a través de la empresa Indra. "Su sorpresa fue cuando quedó con una persona de Indra y le entregó un sobre con 10.000 euros", señala la declaración.

Pago en un sobre en un coche de alta gama

Según su relato, una entrega correspondiente a "una pequeña parte de estos servicios" se produjo cuando De Pedro quedó con un directivo de Indra en La Moraleja y éste le hizo subirse a un vehículo, "un Audi, Mercedes o BMW". Dentro le dio el sobre y, tras preguntar qué sucedía, su acompañante le dijo que "se bajara del coche una vez que tenía el sobre". "No le entregaron factura alguna", apunta el escrito.

Al ser preguntado por qué los pagos se realizaron a través de terceras empresas, el informático asegura que le hizo la misma pregunta a Victoria y que le contestó que los servicios a la Comunidad se iban a realizar mediante "un contrato de publicidad" y los del presidente Ignacio González a través de "la facturación al partido". Sin embargo, "estas formas de pago no se formalizaron y siguió trabajando sin cobrar".

Trabajos para Ana Botella por mediación de Zaplana

Alejandro de Premo realizó también "trabajos de reputación" en redes sociales para la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, que logró gracias a la mediación del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE), según la investigación de la Guardia Civil.

Los investigadores creen que De Pedro analizó la presencia en internet de la regidora del PP y creó diarios digitales sobre varios distritos a través de la empresa Madiva, de su propiedad.

El informe, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 27 de mayo de 2014, considera "constatado" que De Pedro realizaba "trabajos de reputación en la red para autoridades y cargos electos que generan una deuda a su favor" que se sufragaba por "procedimientos irregulares".

Entre ellos se citan "el pago directo o la facturación de terceras empresas, adjudicatarias de la Administración", la inclusión del coste de estos trabajos de reputación en "contratos públicos previstos para otro propósito" o el beneficio directo a De Pedro en "ulteriores procedimientos de contratación pública".

De Pedro realizó trabajos para la Comunidad de Madrid desde 2010 y 2011, y ofreció sus servicios a diferentes ayuntamientos hasta la fecha de la explotación de la operación, en octubre de 2014.