El Supremo eleva la condena a Roca de 11 a 17 años por el 'caso Malaya'

• Le añade un nuevo delito fiscal y agrava las penas de cohecho y blanqueo
• Rebaja las penas a la exalcaldesa Yagüe y la exconcejala García Marcos

Juan Antonio Roca, en una imagen de archivo.

El Supremo ha condenado a 17 años de cárcel al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de la trama investigada en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, lo que endurece su pena en seis años de prisión.

El Supremo ha notificado este miércoles la sentencia que revisó los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Málaga en el caso Malaya, un fallo que endurece la pena para Roca -le añade el delito de fraude fiscal por el ejercicio de 2002 y le agrava las penas por cohecho y blanqueo de capitales-.

En el caso de la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe se rebaja su pena de seis a cinco años y seis meses y en el de la exteniente alcalde Isabel García Marcos, se le rebaja su pena de cuatro años a tres años y medio.

Asimismo, la sentencia deja sin efecto el pronunciamiento del tribunal de instancia conforme al cual los bienes decomisados y el importe de las multas se destinarían a abonar las deudas generadas para con el Ayuntamiento de Marbella y adjudican esta cantidad al Estado.

"Efectos perversos" de los macro-procesos

Los magistrados del Supremo han necesitado un año para resolver los 54 recursos de casación interpuestos por defensas y acusaciones contra la sentencia del caso Malaya, un fallo que impone mas de cien años de cárcel a decenas de personas.

El Supremo desestima la pretensión de algunos de los implicados de que se apreciara la atenuante de dilaciones indebidas como consecuencia del tiempo empleado en cerrar el procedimiento.

Eso sí, el tribunal señala éste como un ejemplo paradigmático de "los macro-procesos", los cuales, dice el Supremo, generan a la larga efectos perversos.

La instrucción de grandes sumarios, que busca la unidad de la investigación en una sola causa, perjudica el funcionamiento de la Justicia, señala el alto tribunal.

El relato de hechos confirmado por el Supremo considera probado que el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, pese a no tener cargo electo, ejercía una posición de "dominio" sobre la Corporación municipal marbellí, y ejerció como "alcalde de hecho" durante años, mientras que los concejales "se aquietaban a sus tejemanejes".

Eso hacía Julián Muñoz, exalcalde condenado en este proceso y que se encuentra encarcelado por otra causa relacionada con el blanqueo de capitales, y también Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella entre 2003 y 2006 tras prosperar la moción de censura contra el citado Muñoz.

La que fuera considerada el "azote" de Jesús Gil durante sus años de concejal socialista, Isabel García Marcos, fue expulsada del PSOE en el 2003 por apoyar la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz.

La desestimación de algunas escuchas telefónicas determina la absolución de algunos empresarios que habían sido condenados con penas mínimas, pero el Supremo confirma el castigo para implicados como Tomás Reñones (exjugador del Atlético de Madrid), el empresario Pedro Román o el constructor Rafael Gómez Sánchez, conocido como "Sandokan", entre otros.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Saavedra, cuenta con un voto particular del magistrado Andrés Martínez Arrieta.

Este magistrado argumenta, por un lado, que no se debió eliminar la atenuante analógica de detención irregular; y por otro, que se debió condenar por delitos dolosos -es decir, con plena conciencia de estar cometiendo algo ilegal- de blanqueo de capitales y no en la modalidad imprudente.

Una sentencia de más de 3.000 folios

Tras casi dos años de juicio, la Audiencia malagueña condenó en octubre de 2013 a medio centenar de personas, entre ellas el principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que se le impusieron 11 años de prisión y 240 millones de euros de multa por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación.

También fue condenada la exalcaldesa Marisol Yagüe a seis años de cárcel y multa de 2,3 millones por cohecho continuado pasivo para acto injusto no realizado, malversación, alteración de precio de subasta y fraude; así como empresarios, abogados y exconcejales marbellíes.

La Sala de lo Penal del TS fijó varias sesiones en julio del pasado año para escuchar al medio centenar de partes, entre ellas la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado, que recurrieron la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga contra la mayor trama de corrupción, que llevó, incluso, por primera vez a la disolución de un ayuntamiento.

En esas vistas, la Fiscalía solicitó más pena para la mayoría de los procesados que fueron condenados, pidiendo una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas; mientras que la abogada de Roca pidió "depuración y limpieza" de todo el procedimiento judicial del caso porque la instrucción la realizó un "enemigo del investigado" y "sin sujeción a la Constitución ni a la ley".