Siete imputados por la concesión de la mina de Aznalcóllar por un delito de prevaricación

• Entre ellas, la directora general de Industria de la Junta de Andalucía
• También cita a una letrada y a un interventor de la Junta

Imagen de la mina de Aznalcóllar.

La juez ha imputado a siete personas por un presunto delito de prevaricación que habrían cometido en la concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), entre ellas a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, también cita a declarar como imputada a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y a un interventor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, José Marcos Acosta.

Además, la juez ha llamado a declarar en septiembre, en calidad de imputados, a tres miembros de las comisiones técnicas y de la mesa de contratación, así como a una funcionaria del cuerpo superior de Ingenieros de Minas, cuyos testimonios considera imprescindibles para aclarar los datos que se han ido incorporando a la causa.

La iniciativa de la juez se produce después de la denuncia presentada por Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso de la mina, resuelto por la Junta de Andalucía el pasado 20 de febrero en favor de la entidad Minorbis-Grupo México (filial de Magtel).

Cita a los responsables de la resolución de adjudicación

La juez, en su auto, recuerda que ha remitido al juzgado decano de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) los datos aportados por la Policía tras una inspección de las instalaciones mineras, en las que se produjo un vertido tóxico en 1998 y en la que los agentes comprobaron el vertido directo al río Agrio de agua "altamente contaminada".

En esa inspección, realizada este mes, también se comprobó, según la juez, el bombeo o recirculación a la corta de Aznalcóllar de agua procedente del vertedero de la antigua mina de Boliden.

La juez cita como imputada a la directora general, que tendrá que declarar el 17 de septiembre junto a la letrada de la Junta, y al interventor, como responsable del procedimiento seguido en la resolución de la adjudicación de la explotación de los terrenos mineros y como firmante del decreto por el que se resuelve el concurso.

Los otros imputados, que están citados el 24 de septiembre, son los miembros de la mesa de contratación Julio Ramos, que acudió en representación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y Alberto Fernández Bueno, jefe del área de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Ciencia y Empleo de la Junta.

Además, están citados como imputados el miembro de la mesa de contratación Juan José García Bartolomé, gerente de Inversiones en la Sociedad Gestora de Fondos Capital Riesgo, Inversión y Gestión Capital Riesgo de Andalucía, y Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta de Andalucía y asesora técnica de ordenación minera.

La juez tiene dudas sobre el plan de investigación de empresas

La juez subraya que los integrantes de la mesa del concurso público dijeron que una asesora fue la que estudió la solvencia económica de las empresas, aunque esa persona negó en el juzgado su participación porque solo le mostraron algún "documento puntual" y no tenía conocimientos para ese tipo de análisis.

En su auto, la juez también alude a las "interrogantes" relativas al plan de investigación de las empresas, que se hizo con distintos parámetros, y a las "incongruencias" en la evaluación de los proyectos de explotación, evacuación de residuos y preservación de espacios protegidos.

La juez también se refiere a la polémica sobre el acceso por el talud sur a la corta, lo que implica "serios riesgos" y que se aprobó en este nuevo concurso, extremo que, según un testigo, uno de los imputados debería conocer porque trabajó en Boliden, la empresa que explotaba la mina cuando ocurrió el vertido tóxico.

El proyecto de la empresa ganadora no prevé una nueva depuradora o planta de procesamiento sino mantener la existente, "parece que en estado de semiabandono", apunta la juez.