El opositor venezolano Daniel Ceballos abandona la prisión y queda en arresto domiciliario
- El exalcalde de San Cristóbal lleva más de año y medio detenido
- Se le condenó por desacato y se le acusa de asociación para delinquir
- El tribunal accede a que permanezca en su domicilio por motivos de salud
El opositor venezolano Daniel Ceballos, encarcelado desde hace casi un año y medio por su presunta responsabilidad en las protestas antigubernamentales de 2014, en las que murieron decenas de personas, se encuentra ya en su vivienda de Caracas, donde cumplirá arresto domiciliario.
Un tribunal decidió el martes aplicar esta medida a petición de la Fiscalía y de la defensa, que alegaba motivos de salud. Ceballos llevó a cabo una una huelga de hambre entre mayo y junio junto con el líder de su partido, Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, también preso desde febrero de 2014 por incitación a la violencia. La huelga provocó a Ceballos pérdida de peso y problemas renales.
Ceballos, de 31 años de edad y destituido en 2014 de su cargo como alcalde del municipio San Cristóbal, llegó a primera hora de la madrugada a su piso, en el este de la capital, acompañado por un grupo de funcionarios de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia (Sebin). Allí le esperaban su esposa, Patricia Gutiérrez, y numerosos periodistas, a los que dijo sentirse "feliz".
Según su abogada defensora, Ana Leonor Acosta, Ceballos permanecerá bajo la custodia de dos funcionarios del Sebin. Por su parte, portavoces de la oposición esperan que el arresto domiciliario acabe con la puesta en libertad del político.
Desacato y asociación para delinquir
Ceballos fue detenido en marzo de 2014 y condenado a 12 meses de prisión por desacato a una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Dicha sentencia le obligaba, como alcalde, a impedir la colocación de barricadas en las calles durante los disturbios protagonizados por opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Tras cumplir esa condena, el TSJ dictó de nuevo prisión contra Ceballos por el delito de asociación para delinquir en relación con los mismos sucesos.
Según cifras oficiales, las protestas de San Cristóbal causaron 43 muertos y centenares de heridos y detenidos entre partidarios del Gobierno, opositores y viandantes.