Al Sisi ratifica una nueva ley antiterrorista en Egipto con gran rechazo social

• Multa informaciones "no verídicas" sobre terrorismo que no sigan la línea oficial
• Defensoras de los derechos humanos denuncian un "asalto" a la Constitución

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, en una imagen de archivo.

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, ha ratificado la ley antiterrorista aprobada por el Gobierno a principios de julio según ha informado el diario Ahram Arabic. Un nuevo texto que, en palabras del primer ministro, Ibrahim Mehleb, servirá como herramienta en la "verdadera guerra" que libra el país contra esa lacra.

Por contra, 17 organizaciones egipcias defensoras de los derechos humanos denunciaron en un comunicado a mediados de julio que esa ley representaría un "asalto flagrante" a la Constitución y un "ulterior desgaste de lo que queda del sistema de justicia" del país.

El proyecto de ley tuvo que obtener la aprobación del Consejo de Estado y, ahora, del presidente Al Sisi, que ejerce en la actualidad el poder legislativo debido a la ausencia de un Parlamento.

De penas de cárcel a sanciones económicas

La polémica en torno a la nueva ley se centra, entre otros aspectos, en el artículo 33, que, aunque en un primer momento preveía penas de hasta dos años de cárcel para todo aquel que publique de "forma intencionada" noticias que no sean "verídicas" sobre "cualquier operación terrorista" y que "contradigan de alguna forma las informaciones oficiales", finalmente impone multas de entre 200.000 y 500.000 libras egipcias (de 22.900 a 57.300 euros).

Tras esa decisión, partido políticos, organizaciones de derechos humanos y figuras públicas instaron en otro comunicado al Gobierno a retrasar la publicación de la ley antiterrorista propuesta hasta que se celebrara un "diálogo social amplio sobre su viabilidad" y exigieron su aprobación una vez elegido el Parlamento, que es quien "puede emitir la ley después de discutir sus artículos para garantizar que no se contradicen con la Constitución de 2014", aprobada por un 98,1% de los participantes en el referéndum.

Críticas al enfoque de la ley

En esta misma petición, las fuerzas sociales egipcias advirtieron de que "el peligro de ataques terroristas" no puede ser afrontado con leyes de seguridad, sino "ideológicamente y con un sistema legal que proteja las libertades públicas, establezca la justicia y evite que más personas se unan a organizaciones extremistas".

Desde que el 3 de julio de 2013 el Ejército egipcio derrocara al entonces presidente, el islamista Mohamed Morsi, las nuevas autoridades han detenido a miles de simpatizantes y miembros de los Hermanos Musulmanes, muchos de los cuales han muerto también en manifestaciones.

También han sido detenidos cientos de activistas, entre ellos algunos de los que instigaron la revolución de 2011, por violar una polémica ley de protestas aprobada en noviembre de 2013, que según los defensores de derechos humanos restringe el derecho de manifestación.