La Audiencia reabre la causa del asesinato de Giménez Abad y pide a Francia la entrega del etarra Sarobe

• El juez ha firmado la orden de entrega para que pueda ser interrogado en España
• Carrera Sarobe fue identificado fotográficamente como presunto asesino
• Giménez Abad, presidente del PP de Aragón, fue asesinado en 2001 en Zaragoza

Una imagen de archivo del lugar donde Manuel Giménez Abad, presidente del PP de Aragón, fue asesinado en Zaragoza el 6 de mayo de 2001.

La Audiencia Nacional ha reabierto la investigación sobre el asesinato del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad, que fue archivado pese a que el hijo del fallecido hizo un reconocimiento fotográfico del presunto asesino en 2014. El juez ha librado ya una Orden Europea de Detención y Etrega (OEDE) a las autoridades francesas para que permitan que el exjefe militar de ETA, Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, que ya cumple condena en Francia a cadena perpetua por el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton, pueda ser interrogado en España.

El Ministerio público quiere que las autoridades galas autoricen el traslado del presunto autor del atentado ocurrido en 2001 para tomarle declaración y someterle a una rueda de reconocimiento. A estas dos pruebas habría que añadir el reconocimiento fotográfico que tendrá que realizar el hijo de la víctima ante el juez.

La orden de entrega ha sido firmada este lunes por el titular del juzgado número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en funciones de guardia, pero será Santiago Pedraz el que fijará fecha para la declaración del presunto autor del asesinato y para el resto de las diligencias acordadas, a su regreso de vacaciones.

El asunto fue archivado la pasada semana a pesar de que un hijo de la víctima, que fue testigo directo del atentado, había identificado fotográficamente a Mikel Carrera Sarobe como autor de los disparos.

Giménez Abad fue asesinado en 2001 en Zaragoza, mientras caminaba con su hijo Borja, que en ese momento tenía 16 años. En octubre de 2014, el joven reconoció, de entre 18 fotografías, a Ata como el autor de los disparos. No obstante, la Fiscalía estimó que del informe "se desprenden elementos indiciarios" contra Carrera, pero "no probatorios".

La identificación fotográfica como prueba

Según la Fiscalía, la identificación fotográfica del presunto asesino puede tener fuerza probatoria en el caso de que sea indudable, se ratifique ante el juez y haya otras pruebas concurrentes. En este caso, está comprobado que el presunto asesino del político popular estaba en España en las fechas en que se produjo el atentado y también que era un `liberado' de la banda terrorista.

Esta tesis sirvió para condenar el pasado enero al etarra Beinat Aguinagalde por el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco, perpetrado el 7 de marzo de 2008 y que en un primer juicio quedó absuelto. Con posterioridad, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y ordenó la repetición del juicio, que concluyó con una condena a 32 años de cárcel.

Aquella sentencia quedó anulada por estimarse que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al excluir de forma no motivada como prueba de cargo la identificación fotográfica que hizo una testigo del acusado.

El Supremo señaló entonces en una sentencia de la que fue ponente el magistrado Cándido Conde Pumpido, que la gravedad de los hechos exige una valoración muy minuciosa y detallada de la prueba de cargo concurrente, sin recurrir a fórmulas estereotipadas ni excluir de la valoración pruebas de cargos legalmente.

El testimonio de un segundo testigo

La Audiencia Nacional consideró que la prueba decisiva contra el terrorista, un reconocimiento fotográfico del etarra como autor de los disparos por parte de un testigo, se celebró "un año después de los hechos". Según el testigo, el día del asesinato, tras cruzarse con el acusado sobre las 13.25 horas y verle en actitud de espera en un portal de la calle de Navas de Tolosa, oyó un "ruido de petardos y los gritos de la hija" de Carrasco. En ese momento observó en la otra acera "correr al chico que había visto" unos momentos antes.

Este testigo hizo además una descripción física y de indumentaria del sospechoso coincidente con el testimonio de un segundo testigo protegido que aseguró haber visto "disparar a una persona" contra el concejal pero no identificó fotográficamente al acusado.

La Audiencia Nacional consideró "insuficiente" esta prueba y le reprochó al Juzgado Central de Instrucción número tres, a cuyo frente se encontraba en esas fechas el actual presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, que no organizara una rueda de reconocimiento del acusado, "sin que haya justificación que hubiera impedido la práctica" de esa prueba.

El Supremo corrigió después este criterio de la Audiencia Nacional al establecer que "los reconocimientos celebrados en sede policial o en sede judicial en fase sumarial, bien a través de fotografías o bien mediante ruedas de reconocimiento" alcanzan valor de prueba cuando se ratifican en la vista oral.