La Fiscalía del País Vasco protege a cuatro hermanas menores que podrían haber sufrido ablación en Mali
- La hermana mayor, de 14 años, denunció los hechos en 2014
- La ablación podría haberse producido en un viaje a su país de origen
La Fiscalía de Menores del País Vasco ha adoptado medidas de protección de cuatro hermanas, menores de edad y residentes en esta comunidad, que podrían haber sido víctimas de una ablación del clítoris durante un viaje de vacaciones a Mali, el país de origen de sus padres.
El fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, ha confirmado este viernes en declaraciones a Radio Euskadi que la fiscalía de menores está investigando el caso por cuanto los hechos podrían ser constitutivos de delito.
Los hechos se produjeron en el año 2013, cuando las cuatro menores se encontraban en unas vacaciones en Mali, de donde son sus padres, aunque la denuncia se recogió en 2014, cuando el Ministerio Público tuvo conocimiento de la denuncia, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Al parecer, fue la mayor de las hermanas, de 14 años, la que contó lo sucedido a una trabajadora social, según publica este viernes El Mundo, y los forenses comprobaron que se había producido la mutilación de los genitales. Según la denuncia, fueron los abuelos son los que, aprovechando el viaje al país africano, decidieron someter a sus nietas a la ablación del clítoris, una práctica habitual en aquel país.
El caso podría repercutir en la custodia
El fiscal jefe de Euskadi ha explicado que se han tomado medidas de protección de las menores porque, al tener residencia española, es la justicia española la competente para actuar en este caso.
Calparsoro ha especificado que, al tratarse de unos hechos que han sucedido en el extranjero, la investigación tendrá "dificultades objetivas".
A falta de conocer más datos, el fiscal ha estimado que el caso podría repercutir en la custodia de las menores y podría conllevar la "suspensión" de esa custodia.
Ha indicado que en años anteriores ya se detectó algún caso similar y que existe un protocolo de actuación en el que intervienen tanto la justicia como los servicios sociales de las diputaciones forales y Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.