El juez ordena prisión preventiva para la ex vicepresidenta de Guatemala

• Roxana Baldetti está acusada de encabezar una red corrupta en las aduanas
• Se inician los trámites para poder imputar en el caso al presidente Pérez Molina

La ex vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti antes de prestar declaración en junio de 2015

Un juez de Guatemala ha ordenado prisión preventiva para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, acusada de encabezar una red corrupta en las aduanas, un caso que ha desatado una ola de dimisiones y protestas en el país en plena campaña electoral.

El magistrado Miguel Ángel Gálvez, a cargo de la investigación de la denominada red "La Línea", ha dictado esa medida por “el peligro de fuga y obstaculización a la verdad” y ha considerado que aún falta la detención de al menos 14 sospechosos, incluido un ex secretario privado de Baldetti, informa Efe.

Además, este mismo martes el Supremo dio trámite a una petición para que se le retire la inmunidad y sea investigado por este caso el presidente del país, Otto Pérez Molina, cuestión que debe decidir ahora el Congreso de Guatemala.

Tras concluir la audiencia judicial que se prolongó durante tres días y dictarse prisión preventiva en su contra, Baldetti ha declarado a los periodistas mientras era escoltada hacia un vehículo policial que no cree que el presidente esté implicado en la red, informa Efe.

La defensa había solicitado el arresto domiciliario alegando que durante toda la investigación ha estado a disposición de la justicia.

Agitación política y social

Baldetti, vicepresidenta desde 2012 y hasta el pasado mayo, cuando dimitió al destaparse el escándalo, fue acusada formalmente el lunes de los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Ocho ministros han renunciado también a sus cargos en las últimas fechas.

La dirigente conservadora, de 53 años, fue detenida el pasado viernes y desde entonces ha permanecido detenida en un cuartel militar de la capital guatemalteca. Ahora el juez ha pedido que se la traslade a la cárcel de Santa Teresa, en el norte de la capital.

En la investigación desempeñó un papel destacado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) auspiciada por la ONU, que ha apoyado la última medida de la prisión provisional.

Todo ello ocurre en plena campaña para las elecciones presidenciales del próximo 5 de septiembre, a las que Pérez Molina no concurre. Pese a ello y a que ha negado cualquier implicación en el caso, se multiplican las manifestaciones y peticiones de dimisión.

Para levantar su inmunidad, se requiere el voto favorable de 105 de los 158 diputados del Congreso.

Además, la investigación de este caso coincide con el proceso contra el expresidente Ríos Mont, acusado de genocidio.