Varias autonomías y la oposición rechazan crear un registro para que los inmigrantes irregulares tengan sanidad
- Andalucía, Canarias, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura lo rechazan
- Todos los grupos de la oposición han mostrado su rechazo a la medida
- El borrador, según el PP, está pendiente de la aprobación de Interior y Empleo
Varias comunidades autónomas y la oposición han mostrado su rechazo a la propuesta de Sanidad de crear un registro nacional de inmigrantes en situación irregular para que tengan acceso a la asistencia sanitaria. Los gobiernos de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura ya han manifestado que seguirán prestando atención sanitaria a los inmigrantes y han calificado la iniciativa como "discriminatoria".
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció este martes que propondrá a las comunidades autónomas, en la reunión técnica de la comisión de prestaciones prevista el próximo 2 de septiembre, la creación de un registro nacional de inmigrantes en situación irregular que facilite a estas personas el acceso a un "documento" distinto a la tarjeta sanitaria.
La propuesta de crear un registro se ha conocido solo cuatro días después de que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, alertase a las comunidades autónomas de que devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares podría conllevar multas millonarias por parte de la Unión Europea.
Andalucía cree que un registro "puede disuadir" a la población
El consejero de Salud de Andalucía, Aquilino Alonso, ha expresado su disconformidad con la propuesta de crear un registro al considerar que este colectivo no debe estar sometido a más "discriminaciones o segregaciones" con una base de datos específica, sino que su información clínica debe ser tratada de igual forma a la del resto de la población española.
"Sólo hay una sanidad pública posible, la universal, por lo que no admitiremos excepciones, discriminaciones o ambigüedades en los compromisos adquiridos", ha zanjado el consejero andaluz, quien ha exigido la retirada del Real Decreto Ley de 2012, que excluye explícitamente a estas personas".
Según Aquilino Alonso, la creación de un registro único y específico "puede disuadir a la población del uso de los recursos sanitarios por temor, especialmente teniendo en cuenta que muchas de estas personas tienen una situación irregular en el país".
También la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura se ha mostrado en contra de la creación de un registro como ha propuesto el Ministerio, y ha insistido en que su propuesta es la puesta en marcha de una "tarjeta universal".
Fuentes de la consejería extremeña han reiterado que su objetivo es aprobar una norma para que la prestación sanitaria a los inmigrantes sin papeles "tenga realmente carácter universal" y dotarles de una tarjeta similar a la del resto de la población extremeña.
Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha rechazan crear un registro
El presidente aragonés, Javier Lambán, ha aseverado que los inmigrantes y las personas sin papeles que viven en Aragón tendrán derecho íntegro a la Sanidad "haga lo que haga" el gobierno de España", ha aseverado hoy el presidente aragonés, Javier Lambán. En su opinión, el gobierno de España está "haciendo el ridículo más espantoso con la sanidad de los inmigrantes", porque actúa "a remolque de los acontecimientos".
El Gobierno canario también ha rechazado el proyecto del Ministerio de Sanidad de crear un registro de inmigrantes irregulares porque "va por detrás de la realidad" y "criminalizaría a un colectivo ya de por sí vulnerable", según ha anunciado. El Ejecutivo canario, que conforman CC y PSOE, mantiene su propósito de devolver las tarjetas sanitarias retiradas en 2012 a los "sin papeles" pese al proyecto del Ministerio que, desde su punto de vista, "aumentaría las condiciones de desigualdad" entre usuarios del sistema.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que en la región no se le niega atención sanitaria a los inmigrantes, aunque estén en situación irregular y ha criticado la medida propuesta por Sanidad. "Si alguien no está en un registro ¿le dejamos que se muera a las puertas de un hospital?; es un problema que va más allá de lo burocrático", se ha preguntado García-Page.
La oposición critica la decisión de crear un registro
Pese al rechazo mostrado por varias autonomías, el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado del PP, Mario Mingo, ha asegurado este miércoles, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, que el último borrador del registro que prepara el Ministerio de Sanidad para regular la atención sanitaria a los 'sin papeles' ya ha sido aceptado por todas las comunidades con las que el ministro, según él, se ha reunido "en varias ocasiones" y está pendiente de la aprobación de los Ministerios del Interior y de Empleo y Seguridad Social.
Durante el debate en el pleno de la Diputación Permanente, Jose Martínez Olmos, del PSOE, ha señalado que la reforma y los "sucesivos episodios en los que se da marcha atrás aparentemente" están generando "una enorme confusión" en la sociedad y los profesionales sanitarios, como también lo crea el anuncio de un registro.
Los socialistas creen que la propuesta de Sanidad obedece a motivos electoralistas, igual que Aitor Esteban, del PNV, que ha dicho en el debate que la creación de un registro es una medida "absolutamente inadecuada y difícilmente justificable".
Rosa Díez, de UPyD, ha criticado que en los últimos días haya escuchado por parte del PP y el Gobierno "tres o cuatro explicaciones" contradictorias de lo que quiere hacer el Gobierno en esta materia y ha preguntado al Ejecutivo si cree que diferenciar a este colectivo a través de un registro salvaguarda su dignidad y no les supone una discriminación.
Jose Luis Centella, por Izquierda Unida, ha lamentado que en el siglo XXI se debata sobre si hay seres humanos con derechos distintos a otros, y ha advertido al PP que está "jugando con fuego" y se puede "encender una mecha" que se traduzca en incidentes de xenofobia.
Desde Unió y Convergencia, los diputados Antoni Pico y Carles Campuzano han calificado de "absoluto despropósito" la reforma sanitaria que "no ha servido para ahorrar". Campuzano ha comparado al candidato popular a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xavier Albiol, de "aprendiz del Le Pen paterno" por jugar con "los peores sentimientos que puede tener la ciudadanía, que es el rechazo al más débil".
La Sociedad Española de Medicina de Familia, en contra
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) se ha mostrado en contra de la propuesta de Sanidad de crear un registro nacional de inmigrantes en situación irregular.
La vicepresidenta de Semfyc, María Fernández, ha criticado, en declaraciones a Efe, el argumento del ministro de que con su propuesta se busca "ultimar una solución seria y consensuada en relación a la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular" sin volver "al turismo sanitario".
Fernández cree que "se escudan" en ese término -turismo sanitario-, pero que en realidad los inmigrantes irregulares que se atendieron a través de la Semfyc no corresponden a este perfil. Además, Fernández ha negado que se hayan gastado "millones de euros" en ese "turismo sanitario".
FACUA-Consumidores en Acción ha calificado de "xenófoba" la propuesta anunciada por el ministro de Sanidad de crear un registro para inmigrantes irregulares como requisito para tener una Atención Primaria sanitaria en España porque crea "nuevos impedimentos" para el acceso a un "derecho fundamental" como es el de la sanidad.