Venezuela y Colombia llaman a consultas a sus embajadores por la crisis fronteriza

• Maduro dice que no abrirá la frontera con Colombia hasta que prohíba el contrabando
• Caracas revisará "integralmente sus relaciones con Colombia" por las agresiones
• Santos también convoca a su embajador y solicitará una reunión de Unasur

Preocupación en la ONU por la posible violación de los derechos humanos en la frontera de Colombia y Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, añade este viernes otro capítulo a la crisis fronteriza con Colombia al negarse a abrir el paso hasta que el país vecino prohíba la venta de productos venezolanos de contrabando, al tiempo que llamó a consultas a su embajador en Bogotá.

Entretanto, las zonas limítrofes como la venezolana ciudad de San Antonio, al borde de la frontera con Colombia, que fue hasta hace poco un corredor por el que circulaban libremente de forma ilegal mercancías destinadas al contrabando, se ha quedado paralizada con el cierre de los cien kilómetros fronterizos.

Muchos de los comercios del poblado ubicado en el extremo oeste de Venezuela permanecen cerrados en parte porque, según los habitantes, sus dueños son colombianos y quedaron al otro lado de la frontera.

Sin suministro de productos básicos

Pocas tiendas se mantienen abiertas, la mayoría de ellas de alimentos o medicinas ante las que aguardan largas filas de venezolanos que desde la madrugada se forman para comprar los productos que estén disponibles.  Artículos de higiene personal,  y algunos alimentos como el arroz, pastas, leche o café, solo pueden encontrarse a través de revendedores clandestinos que ofertan el producto incluso por 30 veces su valor.

Mientras, Maduro ha concretado este viernes sus condiciones para reabrir los 100 kilómetros de frontera que están cerrados desde hace una semana. El mandatario ha exigido la prohibición de que se vendan en Colombia los productos venezolanos sacados de contrabando.

Asimismo, el gobernante ha pedido que se deje de "atacar el bolívar" desde la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta en la que operan casas de cambio y desde donde, aseguró,  se promueve la devaluación de la moneda venezolana.

Una frontera de paz

Los requisitos del jefe de Estado se dieron a conocer un día después de que las cancilleres de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de Colombia, María Ángela Holguín, se reunieran en Cartagena y expresaran el compromiso de las autoridades de trabajar juntas para demostrar que pueden tener "una frontera de paz".

Rodríguez ha dicho este viernes que durante esa reunión Venezuela solicitó a Colombia "derogar las normas que atacan" la moneda venezolana, "perturban" su economía y "legitiman el contrabando". Holguín informó la víspera, tras el encuentro, que entre los problemas de la frontera que se resaltaron figuran el contrabando y las bandas criminales que se dedican al narcotráfico y otras actividades ilegales que generan violencia en la región y que "afectan a los dos países por igual".

A la medida de cierre se sumó, dos días después, un decreto de estado de excepción en seis localidades limítrofes, lo que dio inicio a una deportación masiva de colombianos. La Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia (OCHA) ha informado este viernes de que 1.088 colombianos han sido deportados o repatriados desde Venezuela los últimos seis días, un número que se da a conocer el día en el que el Gobierno venezolano inició un censo en la zona intervenida.

Llamada a consultas

Maduro ha dicho este viernes que a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, le han engañado con falsas informaciones pues aseguró que el miércoles el presidente de Colombia dijo desde Cúcuta "mentiras" sobre la situación en la zona.

Para el jefe del Estado venezolano, su homólogo colombiano "la embarró" con sus "falsas" declaraciones y aseguró que se lo puede demostrar con fotos, vídeos y testimonios. Santos había dicho que se sentía "indignado" con lo que está sucediendo con sus compatriotas deportados de Venezuela y aseguró que, como es su deber, los protegerá de "todo tipo de abusos".

La llamada a consultas de Maduro anunciada se realizó poco después de que Santos hiciera lo propio con su embajador en Caracas, Ricardo Lozano, ante la negativa del Gobierno vecino de permitir la entrada al defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, a ese país para tratar el tema de los deportados.

Caracas impide la entrada al defensor del Pueblo colombiano

El embajador colombiano en Caracas, Ricardo Lozano, también volverá a Bogotá a petición de Santos ante la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro de permitir la entrada al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, a ese país para tratar el tema de los deportados.

Santos ha dado instrucciones a su canciller, María Ángela Holguín, para que llame a Lozano y convoque a una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyo secretario general es el expresidente colombiano Ernesto Samper.

"Queremos contarle al mundo, comenzando con Unasur, lo que está sucediendo, mostrarles lo que está sucediendo porque eso es totalmente inaceptable", ha destacado el presidente colombiano.

Las deportaciones no violaron los derechos humanos según Venezuela

Santos ha aseverado que ha "privilegiado el diálogo y la diplomacia y lo seguiré haciendo, pero no puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y trate al Gobierno colombiano de esa forma". El anuncio del gobernante se hizo después de que se frustrara un encuentro en la frontera entre Otálora y el gobernador del estado venezolano del Táchira, José Vielma Mora, para "iniciar un proceso de verificación" de las propiedades que los deportados dejaron en ese país, según el defensor colombiano.

Vielma Mora por su parte, declaró este jueves al canal estatal venezolano VTV que las deportaciones de colombianos que habitaban de manera ilegal en la zona concluyeron sin que se haya producido "ninguna violación de los derechos humanos".

Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros en la que existe contrabando de todo tipo, sobre todo desde el primer país hacia el segundo, debido a los precios subvencionados por el Estado de los productos básicos venezolanos.