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Registran la sede de CDC y su Fundación por presunto cobro de comisiones ilegales

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No recomendado para menores de 7 años La Guardia Civil registra la sede de CDC y su fundación en una investigación por presunto cobro de comisiones
La Guardia Civil registra la sede de CDC y su fundación en una investigación por presunto cobro de comisiones

La Guardia Civil ha registrado este viernes un despacho de la sede central de CDC, su fundación Catdem en Barcelona y cuatro ayuntamientos catalanes por mandato del juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), que instruye un caso de presunta corrupción por pagos de comisiones del 3% de la constructora Teyco al partido en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).

Los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, junto a un secretario judicial, se han presentado en la sede de CDC sobre las 13.00 horas con una orden de entrada y registro expedida por el titular del juzgado, que se ha alargado hasta las 22:30 horas.

Efectivos de la Guardia Civil se han llevado numerosas cajas del despacho del administrador, Andreu Viloca --que también es el tesorero del partido--: la mayor parte de esta documentación está relacionada con la contabilidad de CatDem que Fiscalía ha requerido a CDC, según han explicado fuentes del partido.

Además de la contabilidad, que el partido le ha entregado voluntariamente, los investigadores han hecho una copia del ordenador del administrador y varios expedientes.

En la sede también han examinado los correos electrónicos del extesorero de CDC Daniel Osàcar, que se ha desplazado a la sede central de Convergència para facilitar el acceso de los agentes a su cuenta desde un ordenador allí. Según han informado fuentes convergentes, el domicilio de Osàcar, también fue registrado por la mañana por orden del juez.

Osàcar ha llegado a la sede de CDC al volante de su propio vehículo, acompañado de un secretario judicial, encargado de dejar constancia documental de los correos electrónicos examinados por la Guardia Civil.

El extesorero de CDC y exadministrador de la fundación Catdem, que ha alegado que desde su domicilio no podía acceder a esos correos por sus limitaciones informáticas, ha facilitado el acceso de los agentes a los mensajes contenidos en su cuenta, tras lo que ha abandonado la sede de nuevo en su coche.

Casi ocho horas de registro en la Fundación Catdem

El registro en la sede de la Fundación Catdem, en la calle Casp de Barcelona, ha finalizado tras cerca de ocho horas y en él los agentes se han incautado varias cajas con documentación y también ordenadores con información relativa a sus cuentas y relacionada con las aportaciones que la empresa Teyco habría hecho a la fundación convergente.

Asimismo, la Guardia Civil ha recogido información en los consistorios de Lloret de Mar y Figueres (Girona) y Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en todos los casos por delitos contra la administración pública.

Los registros se engloban en la denominada Operación Petrum 2 y no se prevén detenciones.

A raíz de la documentación intervenida tras las detenciones de la familia Sumarroca, la Guardia Civil halló indicios de supuestos pagos de estos ayuntamientos investigados a la fundación Catdem del 3% del valor de las adjudicaciones.

De confirmarse estos hechos, la Fiscalía vería corroboradas las sospechas incluidas en la pieza separada número 3 del caso Torredembarra sobre los nexos entre el alcalde del municipio Daniel Masagué y la financiación irregular de CDC.

La Audiencia de Tarragona acordó el pasado 11 de agosto dejar en libertad con cargos, tras pagar una fianza de 600.000 euros, al exconsejero delegado de la constructora Teyco Jordi Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de CDC y que permanecía encarcelado desde el pasado 24 de julio, tras su arresto en una operación contra la corrupción y el blanqueo.

Registros en cuatro ayuntamientos

Por otra parte, la Guardia Civil se ha llevado del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) el expediente de un contrato por 1,7 millones de euros adjudicado a la constructora Teyco de Jordi Sumarroca en 2009, cuando el municipio era gobernado por el exdiputado convergente Xavier Crespo.

Según han informado fuentes municipales, en el marco de la Operación Petrum 2 los agentes han entrado en la sede del consistorio hacia las 10:30 horas con una orden judicial de incautación del expediente de contratación relativo a las obras que la constructora Teyco ejecutó en el parque urbano Can Xardó de Lloret de Mar.

Un vehículo de la Guardia Civil ha llegado también hacia las 10:00 horas de la mañana al ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), según han explicado fuentes del consistorio a Efe, y los agentes se han llevado "documentación administrativa" municipal.

También se ha requisado el expediente de contratación de la construcción del edificio Sax Sala de Sant Celoni (Barcelona), obra realizada en 2009 por la empresa Teyco, según ha explicado a Efe el alcalde de la ciudad, Francesc Deulofeu (CiU).

Asimismo, y según ha informado la alcaldesa de Figueres, Marta Felip, agentes de la Guardia Civil, acompañados de un secretario judicial, han acudido a la sede de este consistorio poco después de las 10:00 horas y la han abandonado tres horas después, con cuatro cajas precintadas con documentación relativa a un contrato de 2009 por valor de 1,7 millones de euros adjudicado a Teyco para construir una piscina cubierta, cuando era alcalde el ahora conseller Santi Villa.

La constructora Teyco ha salido al paso para negar "tajantemente" en un comunicado que sus donaciones a Catdem o a fundaciones vinculadas a otros partidos políticos "hayan tenido un fin ilícito relacionado con el tráfico de influencias" y ha subrayado que ha efectuado aportaciones a organizaciones "de diverso signo", como asociaciones de lucha contra la drogadicción y de fomento del trabajo.

Esas donaciones, añade la constructora, "fueron motivadas por la sensibilidad de la empresa hacia los temas y proyectos" que impulsaban las fundaciones destinatarias de las aportaciones económicas.

"Espectáculo mediático" para CDC

Ante estos hechos y a un mes de las elecciones catalanas, el coordinador general y número dos de CDC, Josep Rull, ha denunciado el "espectáculo mediático" que a su juicio son los registros, y ha lamentado que la Fiscalía haya querido "entrar en campaña antes de hora" para "interferir" en el proceso soberanista catalán.

Rull ha asegurado que están "comprometidos con la justicia y la transparencia" pero ha denunciado que la actuación ha sido conocida antes por los medios de comunicación que por la parte afectada, por lo que, a su juicio, "el objetivo es buscar un espectáculo mediático antes de unas elecciones trascendentes" como las catalanas del próximo 27 de septiembre.

Por el contrario, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado a CDC a que "no busque culpables fuera de sus filas" y "se preocupe más de lo que pasa dentro de ellas": "Pediría a todo el mundo que se respete las decisiones judiciales", ha dicho tras el Consejo de Ministros sobre las críticas de Convergència, y ha insistido además en el "victimismo" habitual de los dirigentes de Convergència.

El caso ha recibido la repulsa de los partidos catalanes e incluso el cabeza de lista de la plataforma en la que concurre CDC en las catalanas (Junts pel Sí), Raül Romeva, ha pedido "clarificar" el caso de Torredembarra.

Por su parte, la fundación CatDem ha trasladado este viernes" tranquilidad" ante el operativo desplegado porque descartan que los agentes puedan encontrar irregularidades, según han asegurado a Efe fuentes de la fundación.

1,4 millones de euros en supuestas comisiones

La investigación se inició a raíz de la adjudicación a Teyco del aparcamiento de Filadors en Torredembarra, licitado en 2009, cuando esta localidad tarraconense estaba gobernada por Massagué, entonces en CDC -se dio de baja del partido a raíz de su imputación por el caso Efial-.

Las pesquisas se centran en saber el origen de los 1,4 millones de euros que supuestamente cobró Massagué de la familia Sumarroca y que se formalizaron a través de siete sociedades distintas hacia dos empresas del exalcalde, Maes Panaderos y la inmobiliaria Daloi.

Teyco defendió tras las detenciones la legalidad de sus contratos con Massagué, al sostener que no suponían ni un intercambio de favores ni comisiones.

Jordi Sumarroca está imputado desde junio de 2014 por su presunta relación con el caso Efial de supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Torredembarra, por el que ya fueron detenidos el 26 de junio del pasado año el entonces alcalde Daniel Massagué y seis concejales.

La familia Sumarroca, copropietaria de uno de los principales grupos constructores de Cataluña adjudicatarios de obra pública, ha estado históricamente vinculada a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, con la que han compartido negocios, amistad y afinidades políticas desde la creación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Catdem, bajo sospecha en el 'caso Palau'

La fundación de CDC, Catdem, ya estaba siendo investigada por el caso del Palau de la Música, ante las sospechas de que fue una de las vías con las que CDC recibió comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicaciones públicas.

Fue precisamente su implicación en el caso del expolio del Palau de la Música perpetrado por Fèlix Millet lo que motivó que CDC, en el año 2009, decidiera acortar el nombre de la Fundació Catalanista i Demòcrata Trias Fargas, suprimiendo la referencia al histórico dirigente nacionalista, por lo que desde entonces se la conoce como Catdem a secas.

Las sospechas sobre la vinculación de la Catdem en el presunto cobro de comisiones ilegales a través del Palau de la Música deriva de tres convenios de colaboración cultural con la Fundació Orfeó Català por los que la fundación convergente recibió entre 1999 y 2008 un total de 630.655 euros.

En noviembre de 2009, CDC accedió a devolver al Palau de la Música los 630.000 euros que había recibido de la entidad musical en virtud de esos convenios, destinados a promocionar tradiciones de la cultura popular catalana, entre ellos el baile de la sardana.

La devolución de las cantidades recibidas de Fèlix Millet no impidió que el juez imputara en el caso al extesorero de CDC Daniel Osàcar.

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