Los jueces, divididos ante la propuesta del PP de una eventual capacidad sancionadora del Constitucional

• Jueces y fiscales, a favor de reforzar la capacidad de ejecutar sus resoluciones
• Algunos justifican la urgencia; otros dicen que se da una imagen de politización

Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.

Las asociaciones de jueces y fiscales se muestran divididas ante la propuesta del PP para que el Tribunal Constitucional (TC) sancione el incumplimiento de sus sentencias, una medida que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura ve como "lógica", pero que colectivos más críticos han rechazado por verla "innecesaria".

Aunque coinciden en que es necesario reformar la ley para establecer "claramente" que el TC tiene fuerza ejecutiva y sus resoluciones deben ser cumplidas, su opinión diverge en cuanto a la urgencia de la propuesta legislativa: mientras algunos creen que la urgencia del cambio está justificada, otros entienden que se trata de una "improvisación" que transmite la sensación de que el Estado no tiene medios para frenar la deriva secesionista y el PP no confía en la justicia ordinaria.

Los jueces y fiscales han reflejado así su opinión respecto a la última proposición de ley urgente que ha registrado el PP en el Congreso, en la que propone que el Constitucional tenga capacidad sancionadora si se incumplen sus sentencias, con el objetivo de que "nadie apruebe la independencia de Cataluña".

APM: "Nadie puede negar la conveniencia" de esta reforma

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha recordado a Efe que el TC ya tenía una capacidad "ejecutiva", por lo que ha considerado "lógica" esta iniciativa, un argumento con el que también ha coincidido Emilio Frías, el portavoz de la Asociación de Fiscales (AF).

Frías ha manifestado a Europa Press que "no sería malo" que el Constitucional pueda ejecutar por sí mismo sus resoluciones, aunque "otra cosa distinta es imponer sanciones".

“Foro Judicial Independiente: Hay que intentar evitar un escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña“

Llarena ha añadido en declaraciones a Europa Press que "nadie puede negar la conveniencia" de esta reforma legislativa, después de que con ocasión de la consulta soberanista del 9N hubo quien argumentara "equivocadamente" que las resoluciones del TC solo eran declarativas. "No nos parece mal que se ponga claramente que son ejecutivas en una ley", ha apuntado.

El PP ha registrado la iniciativa por el procedimiento de urgencia para que pueda ser aprobada antes de que concluya la legislatura. La APM, mayoritaria en la carrera judicial y de carácter conservador, ha restado importancia a los reproches de quienes, en su opinión, arremeten contra la iniciativa porque no les conviene políticamente.

Sobre esta urgencia legislativa, el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, ha resaltado que la "cosa está calentita, por lo que habrá que intentar" evitar un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña.

Jueces para la Democracia reivindica un consenso "muy amplio"

Una de las asociaciones más críticas respecto a la proposición del PP ha sido Jueces para la Democracia (JpD), cuyo portavoz, Joaquim Bosch, ha opinado que una reforma de esta magnitud debería contar con un consenso "muy amplio" de fuerzas políticas y con una reflexión adecuada.

Esas premisas son para el portavoz de esta asociación progresista de jueces "poco compatibles" con el carácter urgente con el que se ha registrado la propuesta, por lo que no se entiende que se quiera aprobar al final de la legislatura, "con prisas" y sin los informes pertinentes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, ha afirmado.

En esta línea, se ha expresado también el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, al manifestar que la "Justicia tiene mucho que decir" en esta reforma, por lo que no parece lógico que el PP eluda los informes consultivos del Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal.

“Jueces para la Democracia rechaza que el TC llegue a actuar como un "gendarme de urgencia" para cuestiones políticas“

El portavoz de JpD ha destacado que se pueden estudiar las competencias ejecutivas del Tribunal Constitucional para que sus resoluciones "no queden en papel mojado", pero hay otras formas de aplicar las sanciones. "Los juzgados ordinarios tienen competencias propias en casos de desobediencia", ha remachado Joaquim Bosch.

Bosch rechaza que el Constitucional llegue a actuar como un "gendarme de urgencia" para cuestiones políticas. "Se corre el riesgo de que el PP da la impresión de que no confía en la independencia de los jueces ordinarios y el TC está politizado", ha añadido en declaraciones a Europa Press.

En ese sentido, el representante de JpD ha mostrado su preocupación además ante el hecho que un tribunal "tan politizado como el TC" tenga competencias ejecutivas de sanción, especialmente cuando, a su entender, la justicia ordinaria ya tiene mecanismos para velar por el cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales, según informa Efe.

Dar nuevas funciones al TC es "mezclar las cosas"

Por su parte, el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha considerado que no se pueden atribuir facultades contenciosas a un tribunal que tiene las funciones marcadas de definir si una ley o una disposición judicial es constitucional o no.

“Asociación de jueces Francisco de Vitoria: La justicia ordinaria ya vela por que se hagan efectivas las sentencias“

"Estamos acostumbrados a este uso indebido de las reformas legales para solucionar problemas políticos como el del nacionalismo catalán", ha criticado Sexmero, a la vez que ha reiterado que atribuir a este órgano facultades ejecutivas supone "mezclar las cosas".

Sexmero ha coincidido con Bosch en que la justicia ordinaria ya vela por que se hagan efectivas las decisiones judiciales, aunque ha propuesto que se cree un sistema alternativo para garantizar definitivamente el cumplimiento de las sentencias de tribunales como el Constitucional.