Santos amenaza con denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional

• El presidente de Colombia habla de presuntos "crímenes de lesa humanidad"
• Venezuela ha cerrado la frontera y ha deportado a más de 1.000 colombianos
• El Gobierno de Maduro amplía el estado de excepción a otros cuatro municipios

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una alocución.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha asegurado este martes que la Fiscalía de su país está "considerando seriamente" denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos "crímenes de lesa humanidad", a raíz de la deportación de más de 1.000 colombianos tras el cierre de la frontera.

Hace 13 días que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro cerró el principal punto fronterizo con Colombia, dentro de una ofensiva para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares y comenzó a deportar a colombianos residentes en el Estado de Táchira.

Según ha explicado el presidente Santos en una alocución, la Fiscalía considera que "hay bases que prueban que se ha configurado un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana".

Además, el gobernante ha concretado que la querella estaría dirigida a miembros de la cúpula civil y militar del Gobierno venezolano. Los delitos que supuestamente habrían cometido son "la deportación o traslado forzoso de población de colombianos, quienes fueron objeto de expulsión y otros actos violatorios del derecho internacional".

"Las deportaciones no pueden ser por nacionalidad ni masivas ni arbitrarias"

Por otra parte, Santos ha asegurado que su Gobierno está decidido a ir a todas las instancias internacionales que sean necesarias para salvaguardar los derechos de sus ciudadanos y ha lamentado que la Organización de Estados Americanos (OEA) haya rechazado convocar una reunión de cancilleres para debatir la crisis fronteriza.

Al referirse a las decisiones de Venezuela, Santos ha admitido que tiene derecho a cerrar su frontera o a expulsar personas por razones de seguridad, pero advirtió que "la jurisprudencia internacional en derechos humanos es clara en afirmar que dicha potestad tiene límites: no puede violar el derecho internacional".

El presidente ha señalado que las deportaciones no pueden ser discriminatorias por razones de nacionalidad y tampoco pueden ser "masivas ni arbitrarias". "Deben ser individuales previa la garantía de un debido proceso y la posibilidad de interponer recursos ante las autoridades", ha sentenciado Santos.

Venezuela amplía el estado de excepción

Mientras, el Gobierno de Maduro ha ampliado este martes el estado de excepción a los cuatro municipios fronterizos con Colombia del occidental estado de Táchira en los que el presidente ordenó el cierre fronterizo el pasado viernes.

De este modo, un nuevo decreto ha establecido que el estado de excepción se mantendrá por 60 días con la posibilidad de que se amplíe a 60 más y de que, para entrar en vigor, necesita de la aprobación tanto de la Asamblea Nacional como del Tribunal Supremo de Justicia. El texto es casi idéntico al que impuso la misma medida en seis municipios fronterizos también del estado de Táchira hace dos semanas.

Maduro ha indicado este martes, en su programa de televisión y desde China donde se encuentra de visita, que seguirá tomando medidas "estructurales y radicales" en los limites con Colombia para construir "una nueva frontera". Además, ha reiterado su voluntad de reunirse con Santos para exponerle sus condiciones.

Para el presidente venezolano, el país vecino debe prohibir los ataques a la moneda de Venezuela y realizar acciones concretas contra el contrabando, "que desangra la frontera".

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha anunciado también este martes el envío de 25.000 dólares para ayuda humanitaria a la zona fronteriza de Colombia con Venezuela afectada por las deportaciones. Tras recibir al alcalde de la ciudad de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, Almagro ha explicado que se ha decidido iniciar los procesos de asistencia humanitaria.