Santos decretará el estado de emergencia económica en la frontera con Venezuela

• El presidente inicia una campaña diplomática para denunciar a Venezuela
• Más de 10.000 colombianos han abandonado Venezuela en las últimas semanas
• El Parlamento venezolano respalda las medidas de Maduro en la frontera

Una familia colombiana descansa con sus pertenencias tras cruzar el río Tachira desde Venezuela.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha anunciado este miércoles que decretará el estado de emergencia económico en una zona limítrofe con Venezuela para atender de forma más ágil la crisis que sufre Colombia desde el cierre de la frontera ordenado por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Santos ha comenzado también su ofensiva diplomática para dar a conocer al mundo la "tragedia humanitaria" que se vive en la frontera con Venezuela, por la que han cruzado en las últimas dos semanas más de 11.000 colombianos -1097 deportados y otros tantos miles que han huido del país vecino "muertos de miedo", según datos ofrecidos por Santos-.

Para ello, el gobernante colombiano ha reunido en la ciudad fronteriza de Cúcuta a 17 embajadores y a un representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que los diplomáticos viesen "con sus propios ojos" lo que está ocurriendo en la localidad. En este punto, además, es donde se organiza la ayuda humanitaria desplegada por el Gobierno de Santos para atender la crisis que generó el cierre parcial de la frontera ordenado el pasado 19 de agosto por el presidente venezolano.

El estado de emergencia económica ahora permitirá transportar el carbón que se produce en Sardinata, Salazar, Cúcuta y Zulia, todos municipios fronterizos, y que está bloqueado por el cierre. Con esta medida también se podrán simplificar los procesos de contratación e inversiones en situaciones especiales.

Una campaña internacional para denunciar a Venezuela

Además de estas acciones, Santos se ha propuesto comenzar una campaña diplomática para denunciar los atropellos sufridos por Venezuela -sobre todo las deportaciones masivas de sus ciudadanos residentes en el estado de Táchira-.

El presidente venezonalo, mientras, asegura que no reabrirá la frontera hasta que no se cumplan unas condiciones mínimas, entre ellas, acciones contra el contrabando y la eliminación de supuestos grupos paramilitares. Ambos problemas son los motivos que alegó Maduro hace dos semanas para proceder al cierre.

"No podemos aceptar que Venezuela quiera echar la culpa a los colombianos de sus problemas", ha explicado Santos, al tiempo que ha refutado las acusaciones de Maduro, entre ellas la de una supuesta conspiración para asesinarlo y la de un ataque especulativo contra el bolívar, la moneda del país vecino. "Son acusaciones absurdas, ridículas, que se caen por su propio peso", ha asegurado.

Tras digerir el revés que obtuvo al acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA), que rechazó convocar a sus cancilleres para abordar la crisis, y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que pospuso idéntica propuesta, ahora Colombia acudirá a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, la ministra de Exteriores colombiana, María Ángela Holguín, ha asegurado que Venezuela ha comenzado a deportar a colombianos residentes en Caracas.

El Parlamento venezolano respalda las medidas de Maduro

Al mismo tiempo, este miércoles, la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría chavista, ha respaldado el decreto de estado de excepción en otros cuatro municipios de la zona fronteriza del estado Táchira, medida que el Gobierno ya estaba aplicando en otras seis áreas, con el argumento de hacer frente a diferentes delitos.

La aprobación permitirá a las autoridades venezolanas revisar e investigar a personas, comercios y viviendas. Diosdado Cabello, el presidente del Parlamento, ha explicado que "de ser necesario" se apoyará el cierre de la frontera en otro estado, en Zulia, otro de los puntos fronterizos importantes con Colombia.

La frontera entre ambos países abarca 2.219 kilómetros repartidos, desde el lado venezolano, en los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, siendo los dos primeros estados los que más actividad económica y social comparten con el país vecino en la zona limítrofe.