Un informe independiente contradice la versión oficial de la desaparición de los 43 estudiantes de México

• Un informe de la CIDH pone en duda la versión oficial y denuncia irregularidades
• Descarta la hipótesis de que fallecieran cremados en un basurero
• Un autobús con droga pudo provocar el ataque a los 43 estudiantes hace un año
• México perdirá una nueva investigación "dirigida por un grupo de mayor prestigio"

Un informe independiente contradice la versión oficial de la desaparición de los 43 estudiantes de México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha revelado un informe que apunta a un autobús con droga como principal móvil del ataque armado contra estudiantes en Iguala, México, el pasado 26 de septiembre de 2014, donde desaparecieron 43 estudiantes. También piden al Gobierno examinar los hornos de cremación que pudieran haber sido utilizados por los agresores, ya que descartan la principal hipótesis de la Fiscalía.

Ante esta afirmación la Fiscal General de México, Arely Gómez, ha anunciado que el Estado va a solicitar una nueva investigación "dirigida por un grupo de foreneses de mayor prestigio", aunque también ha afirmado que va a tratar de ampliar la estancia de estos expertos independientes para que puedan seguir investigando.

Por su parte, el presidente del país, Enrique Peña Nieto, ha agradecido a la CIDH su informe y ha asegurado que analizará sus hallazgos y los incorporará a la investigación. Un trámite que se realizará, según la fiscal, después de un análisis de la Procuraduria.

Con ello, ha asegurado Gómez, habrá una acumulación de los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición y estos serán resueltos por el mismo juez federal al cargo de la investigación ministerial que ya ha ejercido acción penal contra 131 personas, de las cuales 110 han sido aprehendidas.

El grupo de expertos, formado por investigadores de Chile, Colombia, Guatemala y España designados por la CIDH para estudiar el caso, ha recomendado "investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes".

Tras seis meses de investigaciones en México, los especialistas han puesto en entredicho la versión oficial y han denunciado numerosas irregularidades en la investigación, entre ellas omisiones, destrucción de evidencia y señales de tortura a detenidos.

La exigencia mayoritaria de los expertos es que se siga buscando a los 43 normalistas que siguen teniendo la categoría de desaparecidos.

La versión oficial, inconsistente

La fiscalía concluyó en enero pasado que los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por policías de Iguala y Cocula y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero hasta desaparecer su rastro.

Según dicha versión, los jóvenes fueron atacados por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, porque supuestamente iban a boicotear un acto público y después fueron asesinados porque el líder de Guerreros Unidos creyó que eran miembros del grupo rival Los Rojos.

El grupo de expertos ha indicado que dichas explicaciones eran inconsistentes dadas las evidencias, entre ellas que los jóvenes no iban armados, y apuntó a la presencia de droga oculta en uno de los autobuses ocupados por los estudiantes para trasladarse como posible móvil de la agresión.

Por ello, ha sugerido al Gobierno "realizar cruces de información con autoridades judiciales y gubernamentales a nivel internacional, así como identificar de manera precisa el autobús de Estrella Roja", en el que se cree que había droga oculta y del cual no se habla en la investigación, pese a que los sobrevivientes aluden a esa unidad.

También ha recomendado investigar hornos de cremación en Iguala y Cocula que pudieran haber sido utilizados para incinerar a los jóvenes, ya que -según un perito independiente- en el basurero no hay evidencia de que dichos cuerpos fueran reducidos a cenizas en una gran hoguera.

Los especialistas llamaron a las autoridades a investigar la posible obstrucción a la investigación, el patrimonio de presuntos responsables, amenazas a testigos vinculados al caso, además de mantener la búsqueda de los jóvenes.

Ante estas revelaciones, los padres de los 43 jóvenes han exigido este domingo una reunión privada con el presidente Peña Nieto y que el Gobierno prorrogue indefinidamente el mandato de los expertos de la CIDH.

Fotografía de archivo en el que un grupo de personas rezan por los 43 estudiantes desaparecidos en México Mario Guzman

Los padres: "No podemos aceptar algo que no existe"

En una conferencia de prensa a la que han asistido los familiares y compañeros de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, los padres han dicho que con el informe presentado ha caído el "teatro" montado por el Gobierno mexicano.

"Ha quedado bien claro que el basurero de Cocula no fue más que otro teatro del Gobierno, otra mentira que en realidad nunca pasó. Siempre fue una tortura para los 43 padres de familia que siempre estábamos pensando si había pasado o no", ha dicho Mario César González, padre de uno de los desaparecidos el pasado 26 de septiembre.

"No es que no lo queramos aceptar, es que jamás ha habido evidencias. No podemos aceptar algo que no existe. Son vidas humanas, son jóvenes inocentes, son nuestros hijos que les pisotearon su dignidad", ha apuntado Emiliano Navarrete, otro de los padres.

Por ello, los familiares han exigido ser recibidos por Peña Nieto antes del próximo día 10 con participación del CIDH y que se extienda "por tiempo indefinido" el mandato de sus investigadores hasta que se resuelva lo sucedido. "Si este señor presidente nos está viendo, quiero que tenga la dignidad de que de su boca salga 'quiero hablar con los padres', que nos de la cara él directamente", ha pedido Navarrete.

Por último, el portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, ha animado a la sociedad mexicana a que participe en las actividades del aniversario de la desaparición el próximo 26 de septiembre, que arrancarán tres días antes con una huelga de hambre de 43 horas, una por cada uno de los jóvenes desaparecidos.