La Audiencia Nacional investigará la red de sobornos a funcionarios del 'caso Madeja'

• Entre los 96 imputados, hay 14 funcionarios de administraciones públicas
• La juez Alaya instruyó esta trama en torno a la empresa Fitonovo

La empresa Fitonovo, presunto centro de la trama de sobornos a funcionarios en el 'caso Madeja'.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se ha declarado competente para investigar las actividades de la red de sobornos a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones desarticulada con el caso Madeja, que instruyó la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, y que se inhibió a favor de este tribunal.

En un auto hecho público este miércoles, el magistrado acepta la inhibición de la causa, que fue remitida en julio pasado por la juez sustituta María Núñez Bolaños, y asume estas diligencias, en las que están imputadas un total de 96 personas, entre las que se encuentran funcionarios de 14 administraciones públicas como el Ministerio de Fomento, las Juntas de Andalucía y Extremadura, el Gobierno de Canarias y varias diputaciones y ayuntamientos.

De la Mata asume la instrucción porque considera que causa una "grave repercusión" en la economía nacional y un perjuicio patrimonial a más de una comunidad autónoma, y que conlleva una "compleja instrucción" derivada del elevado número de personas involucradas.

En concreto, investiga comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos, que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Madrid y Aragón, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif. E

Trama de sobornos en torno a Fitonovo

De la Mata señala en su resolución que la trama, configurada en torno a la empresa Fitonovo, desarrolló "una actividad planificada" para adjudicarse contratos públicos por "medios fraudulentos", entre los que se encontraba el de "conformar una red de contactos con funcionarios corruptos". Asimismo, creó "una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos" a empleados públicos y también a políticos.

Ello produjo un daño al interés público y también a las empresas que, de manera legal, se presentaban a los concursos con Fitonovo (dedicada a servicios medioambientales) y que no resultaban adjudicatarias por "estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama".

Los hechos que se investigan, de acuerdo con el auto de inhibición del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, serían constitutivos de 13 delitos, entre ellos cohecho, fraude, delito fiscal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Más de cuatro millones en comisiones y regalos

Fitonovo empleó varios medios para conseguir esos contratos mediante el pago de comisiones en forma de efectivo y regalos a funcionarios o autoridades, como coches, caballos, viajes, móviles, cámaras y ordenadores. En ocasiones también financió las obras de remodelación de sus casas o servicios de limpieza en sus hogares.

El pago de comisiones se remonta al año 1995 y duró hasta 2013 y el importe total de las dádivas pudo ascender, según la Guardia Civil, a 4,3 millones de euros.

A cambio de esos sobornos, los funcionarios amañaban directamente la adjudicación a su favor, le daban información privilegiada de los contratos o de otras empresas rivales y alteraban precios en subastas públicas. También hay cargos públicos implicados de varios partidos, que recibieron supuestamente dinero en metálico, destinado en ocasiones a su formación política.

Fraudes en la concesión y en la ejecución de contratos

El fraude, apunta el juez, no solo se encontraba en la concesión, sino también en la ejecución del contrato, sobre todo cuando Fitonovo concurría como subcontratista de otra empresa adjudicataria.

Entre otras cosas, en Sevilla los directivos de Fitonovo (están imputados Rafael González Palomo, José Antonio González Baro y Ángel Manuel Macedo) pagaron supuestamente un total de 155.000 euros a Izquierda Unida en 2010 y 2011 por la adjudicación de la instalación de césped artificial en campos de fútbol.

Esta adjudicación se produjo siendo concejal de Deportes José Manuel García Martínez y teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, ambos de IU, y fue otro de los miembros de este partido, Antonio Miguel Ruiz Carmona, quien recibió el dinero, parte del cual (70.000 euros) se le entregó en una caja de zapatos.

Según el auto, en ese mismo municipio el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo pidió como compensación a una adjudicación a Fitonovo la remodelación de la agrupación del partido en el distrito de La Macarena.

En La Carolina, Fitonovo habría pagado 38.929 euros al concejal del PP Cristóbal Pérez Martínez -parte de esa cantidad (2.929 euros) en un viaje a Detroit (EE.UU.) con su esposa- y en Algeciras los directivos de la empresa prometieron el pago de 279.360 euros a los alcaldes del PSOE Tomás Herrera y Diego Tomás Sánchez por la adjudicación de un polideportivo.