El comisario que confesó haber matado a su mujer en Brasil recurre para ser juzgado en España

• La Audiencia Nacional archivó la causa por haber un procedimiento en Brasil
• La hija del matrimonio presentó una querella para que se le juzgara en España
• El comisario Jesús Figón confesó haber matado a su mujer tras una discusión

El comisario Jesús Figón, en una imagen de 2004, cuando era agregado policial de España en Costa Rica.

La defensa del comisario español Jesús Figón, que confesó haber matado el pasado 12 de mayo a su esposa, Rosemary Justino Lopes, tras una discusión que mantuvieron en su vivienda del Estado de Espíritu Santo (Brasil), ha recurrido en la Audiencia Nacional con el propósito de ser juzgado en España.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del despacho de abogados Ilocad, dirigido por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que asumió 'pro bono' -de forma gratuita- la defensa de Figón para contribuir al esclarecimiento de unos hechos de "los que considera inocente" a su cliente y "garantizar la protección que, como consejero de Interior de la Embajada de España en Brasil, debe tener en el Estado al que se le destinó".

El bufete de abogados ha presentado un recurso de reforma ante el juzgado de Eloy Velasco contra su decisión de archivar de forma provisional la causa que abrió para investigar al mando policial, después de que la hija del matrimonio, María del Carmen Figón Lopes, presentara una querella contra él para que el procedimiento se siguiera en España.

El magistrado justificó su decisión tras tener conocimiento de la "existencia" en Brasil de un procedimiento judicial y después de que el Juzgado Criminal número 1 de Vitoria, capital del Estado de Espirito Santo, le comunicara que no autorizaba la comparecencia del comisario ante el juez español, que pretendía interrogarle como imputado este pasado miércoles.

El tribunal brasileño remitió una resolución al magistrado español en la que le informaba de que la investigación había concluido y fue enviada el pasado 12 de junio al Poder Judicial del Estado de Espiritu Santo para que procediera al "enjuiciamiento" del comisario.

De acuerdo con la interpretación de la Fiscalía, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 destacó que el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) excluye la jurisdicción de la Audiencia Nacional cuando los sujetos que sean objeto de una investigación "hayan sido absueltos, indultados o penados en el extranjero".

Comisión rogatoria y copia de la autopsia

Velasco cursó una comisión rogatoria a Brasil en junio pasado para que Figón pudiera declarar en su juzgado y reclamó a las autoridades del país que le remitieran una copia de la autopsia de la fallecida y un informe fotográfico de las lesiones "ofensivas" y "defensivas" que había sufrido.

El juez también quiso interrogar a Figón el pasado 30 de junio pero la Sección Tercera de la Sala de lo Penal dejó sin efecto esta citación al no haber sido remitida en el marco del Convenio de Cooperación suscrito entre España y Brasil en 2006.

El instructor español admitió a trámite a finales de mayo la querella presentada por la hija de Figón al entender que se trataba de un delito cometido por un español en el extranjero que también está penado en Brasil y haber interpuesto una querella "el agraviado", en este caso, la hija del matrimonio.

Riesgo para los intereses de España

Figón quedó el pasado 13 de mayo en libertad tras prestar declaración ante la Policía brasileña, ya que gozaba de inmunidad diplomática en su calidad de consejero de Interior de la Embajada de España en el país. Ese mismo día, sin embargo, se le retiró este privilegio, según informaron a Europa Press fuentes diplomáticas.

El comisario, además, remitió un escrito al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, al que tuvo acceso Europa Press, en el que advertía de que su permanencia en Brasil "puede constituir un riesgo para los intereses de España, así como para su seguridad nacional". En este sentido, pidió que se le devuelva la inmunidad diplomática para ser juzgado en España ya que, a su juicio, "es el único instrumento capaz de impedir la obtención ilegal de información sensible al Estado".

El mando policial se entregó a las autoridades locales y admitió haber acabado con la vida de su esposa aunque aseguró que actuó en defensa propia porque ella, que sufría una depresión por la pérdida de un hijo, se le acercó con un cuchillo durante una discusión.