El Gobierno adelanta al próximo enero el abono a los empleados públicos del 50% de la extra de 2012

• CSIF asegura que se lo ha comunicado el ministro de Hacienda
• El ministerio no lo confirma porque la decisión corresponde al próximo Gobierno
• El Consejo de Ministros aprueba este viernes el decreto para devolver otro 26%

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el Senado.

El Gobierno adelantará a enero de 2016 el abono del 50% restante de la paga extra que debe a los empleados públicos, según ha avanzado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Esta devolución que se había previsto en un principio para marzo y septiembre del próximo año. No obstante, el Ministerio de Hacienda no ha precisado si el abono se producirá en enero, sino "en los primeros meses de 2016", ya que es una decisión que deberá adoptar el próximo Gobierno.

En un comunicado, el CSIF afirma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les ha trasladado este anuncio en una mesa de negociación en la que el Ejecutivo se ha comprometido también a que el pago de este 50% sea "único".

CSIF asegura que la mitad de la paga extra de Navidad suspendida en 2012 supone unos 750 euros de media, que irán recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 junto a la subida salarial del 1%.

Además, el sindicato ha recordado que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará el decreto ley para la devolución de otro 26,23% de la paga a los empleados públicos y que se hará efectivo, "previsiblemente", en octubre.

En el mismo decreto se incluirá la devolución inmediata a los funcionarios de hasta ocho días adicionales que podrán disfrutarse este año, por lo que según CSIF se vuelve así a la situación previa a 2012. Entre estos días libres se incluye el "moscoso" que quedaba pendiente de devolución, cuatro días más de vacaciones por antigüedad y hasta tres "canosos" (días libres adicionales en función de la antigüedad).

Según CSIF, el Ejecutivo le ha comunicado que estas medidas tendrán un carácter "básico potestativo", es decir, que se aplicarán tanto en la Administración General como en comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque el sindicato puntualiza que no es automático y que dependerá de la disponibilidad presupuestaria.