Anticorrupción pide que se impute al exministro de Trabajo Manuel Pimentel en el 'caso de los ERE'

• Reclama que se investigue al expolítico del PP por una ayuda de la Junta
• Una empresa que promovió recibió 300.000 euros del Gobierno regional
• Piden su imputación y la de otras 24 personas por presunta malversación
• Pimentel se muestra "sorprendido" y asegura que demostrará su "inocencia"

El exministro de Trabajo Manuel Pimentel en una imagen de archivo del año 2013

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la nueva juez que instruye el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, que impute al exministro 'popular' de Trabajo Manuel Pimentel por el pago de 300.000 euros de ayudas de la Junta de Andalucía a la empresa Taller de Libros. Pimentel se ha mostrado "sorprendido" por la petición y asegura que demostrará su inocencia.

En el escrito que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press y Efe, Anticorrupción pide la imputación de Pimentel como "empresario promotor" de esta empresa, que surgió del plan de liquidación de la sociedad cordobesa Graficromo, y de otras 24 personas por presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude. Para ello reclama que se abra otra pieza separada.

La Fiscalía pide la imputación de Pimentel por la concesión de una ayuda de 300.000 euros y amplía las acusaciones a miembros de la Junta de Andalucía, del comité de empresa y de la empresa mediadora Vitalia por otra ayuda por valor de un millón de euros para diez trabajadores de Graficomo acordada por la Junta en 2006.

El Ministerio Público afirma que en la concesión de esta subvención "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido", lo que podría ser causa de "nulidad de pleno derecho".

Importes "totalmente discrecionales"

Según la Fiscalía, "no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas por la Consejería de Empleo", cuyos sistemas para determinar la empresa elegida como los importes son "totalmente discrecionales".

Además, no hay "publicidad, concurrencia y objetividad" para esta subvención y tampoco se ha acreditado su carácter excepcional, según la Fiscalía, que reprocha a la Junta la concesión de estas ayudas de forma habitual y reiterada durante más de diez años.

En su escrito, el Ministerio Público señala que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado dijeron que la Junta de Andalucía concedió la ayuda de 300.000 euros a través de un concepto inadecuado, las transferencias de financiación, que tienen como objetivo cubrir pérdidas.

La subvención se concedió, señala la fiscalía, sin que la dirección general de Trabajo y la Seguridad Social tuviera competencia para ello y sin que quedara acreditado su carácter excepcional ni hubiera solicitud formal por parte del beneficiario, señala la Fiscalía.

Además de la imputación de Pimentel Anticorrupción solicita también la del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, de los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, o del exdirector de la agencia IDEA Jacinto Cañete.