La Audiencia de Sevilla ordena analizar las agendas de doce ex altos cargos de la Junta imputados en los ERE

• El tribunal cree que puede ser de "utilidad" analizar las de 2000-2011
• Entre ellas, las de la exministra Magdalena Álvarez y las de Guerrero
• Es una de las diligencias que pedía la Fiscalía y que ha sido admitida
• La Audiencia critica que Alaya rechazara nuevas pruebas "sin razonar"

Foto de archivo de Magdalena Álvarez a su llegada a los juzgados en noviembre de 2013.

La Audiencia de Sevilla ha admitido el recurso de la Fiscalía para practicar nuevas diligencias en el caso de los ERE, entre ellas, el análisis de las agendas correspondientes al periodo 2000-2011 de doce ex altos cargos imputados de la Junta de Andalucía como las de la exministra de Fomento y exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex interventor general Manuel Gómez Martínez. Una prueba que rechazó en su día la juez Mercedes Alaya.

Los magistrados creen que puede ser de "utilidad" el estudio de esta documentación para el esclarecimiento de los hechos, según el auto difundido este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además de los señalados, también pide que se analizen, entre otras, las agendas de los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas y de los tres ex directores generales de Empleo: Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera.

En el auto, la Audiencia de Sevilla critica que la anterior instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, rechazara esta y otras diligencias solicitadas por el Ministerio Público "sin razonar esa masiva inadmisión" en los fundamentos de derecho del auto descartándolas directamente en su parte dispositiva.

La Audiencia ve "pertinente" que el exinterventor vuelva a declarar

La Audiencia de Sevilla también ve "pertinente y útil" que vuelva a tomarse declaración, como pide la fiscalía, al ex interventor de la Junta Manuel Gómez Martínez y de la persona que le sustituyó, Rocío Marcos Ortiz -en este caso como testigo-, para precisar el "alcance" que tuvieron los informes que elaboraron y en particular "si derivó en instrucciones concretas al interventor de control financiero permanente y si se mantuvieron reuniones con los centros directivos afectados o con personal de la propia Consejería de Hacienda".

Manuel Gómez, que está imputado en la causa, declaró el pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo que el Gobierno andaluz hizo "oídos sordos" a sus informes, en los que advertía de "graves deficiencias e irregularidades" en la concesión de subvenciones.

Precisamente, los magistrados acuerdan requerir a la Intervención General de la Junta de Andalucía los informes de las mercantiles Santana Motor e Hijos de Andrés Molina y al instituto/agencia IFA/IDEA para "una mejor comprensión de los elementos de juicio con los que contaban los altos cargos de la Consejería de Hacienda sobre las posibles irregularidades que se estaban realizando mediante el uso de las transferencias de financiación como medio de financiación de actuaciones que, realmente, eran subvenciones excepcionales o encargos de ejecución".

La Audiencia también admite que se lleven a cabo la declaración como testigos-peritos de los integrantes del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas y un requerimiento a la Agencia Tributaria sobre los informes de delito contra la Hacienda Pública imputados en la causa.

Declaraciones de nuevos testigos pedidos por la Fiscalía

El tribunal también acepta la declaración de nuevos testigos solicitados por la Fiscalía y vuelve a criticar que Alaya no diera "ninguna razón para su rechazo". La Audiencia señala que "son personas que ya han declarado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y sus manifestaciones pueden ser de utilidad para poder delimitar la participación en los hechos de imputados en la presente causa, en particular de aquellos que han pertenecido a dicha Agencia, la IFA/IDEA".

Los magistrados también acuerdan pedir a la UCO que investigue si los gestores de las sociedades que recibieron ayudas realizaron negocios de transmisión de acciones o participaciones "que puedan haber generado un beneficio favorecido por el mero hecho de la disminución o supresión de la plantilla".

La Audiencia de Sevilla también pide a la Guardia Civil que requiera a las entidades financieras "la inmediata remisión de toda la documentación exigida" en anteriores resoluciones del juzgado que investiga el caso de los ERE.