El juez Velasco divide la causa de Púnica en doce piezas para agilizar la investigación

• El magistrado justifica la división por el volumen del caso
• Asegura que muchas de las investigaciones no están "relacionadas entre sí"

Uno de los supuestos cabecillas de Púnica, el exconsejero Francisco Granados.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dividido la causa en la que investiga las actividades de la trama de corrupción Púnica, que presuntamente lideraba el exsecretario general del Partido Popular (PP) Francisco Granados, en doce procedimientos separados, a fin de lograr "una tramitación más rápida y ordenada" y permitir "el enjuiciamiento sin dilaciones" de las piezas en las que se haya finalizado la instrucción.

En un auto notificado este miércoles, el juez recuerda que la causa se inició en junio de 2014 a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción y que a lo largo de la investigación han ido surgiendo "tramas delictivas no siempre sobre hechos semejantes o involucrando a las mismas personas".

El magistrado, que mantiene imputados en el caso Púnica a cuatro exconsejeros de la Comunidad de Madrid, una decena de alcaldes y empresarios, justifica la desmembración del procedimiento argumentando que el sumario tiene más de 65 tomos y 50.000 folios, lo que resulta "inmanejable", y que muchas de las actividades investigadas no están "relacionadas entre sí".

De esta forma, Velasco investigará por separado, en concreto en la pieza octava, las actividades de los dos presuntos cabecillas de la trama, Francisco Granados y su amigo de la infancia, el constructor David Marjaliza.

Piezas separadas según la actividad investigada

En la novena pieza el juez incluye la trama internacional de presuntos blanqueos de capitales y en la décima se refiere a las empresas Eico y Madiva de reputación online en Administraciones Públicas, que afecta al considerado conseguidor de la trama Alejando de Pedro y en la que están imputados los exconsejeros del PP Salvador Victoria y Lucía Figar.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también crea piezas separadas para investigar las actividades de la red con la Diputación de León, la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Valdemoro y otras corporaciones locales madrileñas como Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco.

Velasco instruirá en procedimientos independientes las actividades referidas a la empresa de asesoría medioambiental Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez; la compañía de organización de eventos Waiter Music; o la promotora de colegios concertados Alfedel.

Por último, abre una pieza sobre hechos referentes a Alfedel y la número doce la dedica a otros hechos que continuarán en la pieza principal.

Todas las piezas tienen "el hilo conductor" de ciertos "conseguidores"

Tras apuntar que la causa empieza a estar "definida", el magistrado señala que, aunque todas las piezas tienen el "hilo conductor" de ciertos "conseguidores" que van "expandiendo influencias" por diferentes administraciones públicas, "afectando a diversos órganos de contratación e incluso a diferentes formaciones políticas en épocas diversas en el tiempo", es aconsejable "la división más afín temática posible para una continuación ordenada de la causa".

A juicio del juez, que analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo, mantener en este momento procesal en una misma causa "tramas tan diversas" supondría "dilatar plazos de interinidad en espera de enjuiciamiento a implicados muy diversos, sin relación entre sí, en función del avance de complicadas diligencias", como las comisiones rogatorias internacionales que afectan sólo "a unos pocos imputados".

El juez, que también cita la reforma de la LECRIM que limita a 18 meses la instrucción de causas complejas salvo prórrogas justificadas, señala que el mantenimiento de un único procedimiento podría "lastimar involuntariamente más tiempo" el derecho que tienen los imputados a la presunción de inocencia y a que los procedimientos se instruyan sin dilaciones indebidas.

La Operación Púnica estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.