Detienen en México al presunto autor material de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala
- Gildardo López Astudillo "Gil"es un presunto miembro del cártel Guerreros Unidos
- "Diversos imputados lo señalan directamente como el autor material"
Las fuerzas de seguridad mexicanas han detenido a Gildardo López Astudillo, presunto miembro del cártel Guerreros Unidos que, según los investigadores, jugó un papel clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace casi un año en Iguala.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, ha informado en una breve comparecencia ante la prensa que el presunto delincuente fue detenido la tarde del miércoles en la ciudad de Taxco, después de que cambiara en tres ocasiones de domicilio.
El detenido actuaba "como presunto jefe de un grupo dedicado a la extorsión y a la distribución de droga", especialmente en los municipios de Iguala y Cocula, en el sureño estado de Guerrero.
"El Gil" está supuestamente vinculado con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Diversos imputados (en este caso) lo señalan directamente como el autor material", indicó Sales.
La detención fue realizada por agentes de la Policía Federal gracias a información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR).
"El Gil", de 36 años, fue detenido "en flagrancia delictiva", ya que portaba armas de fuego y una identificación falsa.
Además, en su contra pesaba una orden de detención por delincuencia organizada y secuestro, añadió el titular de la CNS, quien recordó que por este caso ya suman 111 arrestados.
En declaraciones a los medios, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró "muy importante" la detención del "Gil", cuyas declaraciones -dijo- servirán para conocer "la verdad respecto a los hechos que ocurrieron hace ya prácticamente un año".
"Una buena noticia para quedar claro que no hay impunidad"
"Es una buena noticia para quedar claro que no hay impunidad, que el Estado mexicano se comprometió a encontrar la verdad y, por supuesto, encontrar a los culpables, y en ese proceso estamos", apuntó.
Señaló que en este momento el detenido se encuentra en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), pero se negó a dar más información dado que ya está convocada una rueda de prensa.
Según la versión oficial, el 26 de septiembre de 2014 un grupo de policías a sueldo de Guerreros Unidos dispararon en Iguala (Guerrero) contra decenas de estudiantes por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca, supuestamente para evitar que sabotearan un acto oficial.
Seis personas murieron, incluidos tres alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y 43 jóvenes fueron detenidos por los policías y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en el basurero de Cocula.
Arrestados los principales sospechosos
El líder de ese cártel, Sidronio Casarrubias, detenido en octubre pasado, declaró a las autoridades que el "Gil" le informó aquella noche, a través de un mensaje de texto telefónico, de un enfrentamiento en Iguala pero lo atribuyó al grupo rival Los Rojos.
Por ello, Casarrubias ordenó hacer desaparecer a los jóvenes para defender su territorio, una instrucción que fue transmitida por el "Gil" a Felipe Rodríguez Salgado, alias el Cepillo y capturado en enero pasado.
La versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que el Cepillo recibió a los jóvenes de manos de los policías corruptos en un lugar conocido como Loma del Coyote y los trasladó hasta el basurero de Cocula, donde fueron asesinados e incinerados.
De acuerdo con las declaraciones del Cepillo a la PGR, esa noche durmió en casa de López Astudillo y al día siguiente, por órdenes de este último, regresó al basurero para recoger las cenizas y tirarlas en bolsas de basura al río San Juan.
En un reciente informe, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso durante seis meses cuestionaron que los cadáveres de los jóvenes hayan sido quemados en el basurero y apuntaron al traslado de drogas en uno de los autobuses tomados por los jóvenes como posible móvil.