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ONG denuncian la exclusión sanitaria de más de 1.500 inmigrantes en 18 meses

  • Son datos de la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012
  • Esta norma dejó sin tarjeta sanitaria a inmigrantes sin residencia legal
  • Denuncian casos de inasistencia en menores, embarazadas y urgencias

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Protesta en contra de la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin residencia en 201
Protesta en contra de la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin residencia en 2012

La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012 (Reder), que agrupa a más de 300 entidades sociales, ONG, sociedades médicas y particulares, ha denunciado que 1.567 personas han sido excluidas de la asistencia sanitaria en España desde enero de 2014 a julio de 2015 como consecuencia de la reforma que impulsó la exministra Ana Mato y que dejó sin tarjeta sanitaria a los extranjeros sin residencia legal a excepción de embarazadas, menores y casos de urgencia.

Los datos, que ha explicado Médicos del Mundo este jueves en rueda de prensa en Madrid, están recogidos en el informe Radiografía de la reforma sanitaria. La universalidad de la exclusión y contemplan situaciones de desatención sanitaria y otras de vulneración del decreto.

La presidenta de esta ONG en España, Sagrario Martín, ha explicado que los datos incluyen 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfermedades degenerativas musculares, 8 de otro tipo de enfermedades degenerativas y 28 casos potencialmente mortales, que son aquellos en los que la vida del sujeto corre peligro si no recibe el tratamiento adecuado.

En cuanto a los incumplimientos del propio decreto, que permite la atención sanitaria en el embarazo, parto y posparto, a los menores de edad y en urgencias, Martín ha afirmado que estas excepciones "se incumplen sistemáticamente".

Falta de asistencia a embarazadas y menores

De esta forma, Reder ha documentado 109 casos de menores de edad a los que se denegó la asistencia sanitaria, 232 incidencias en urgencias -que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro- y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas.

Otro punto de denuncia recogido en este informe es el relativo a la "desinformación" percibida entre la población inmigrante. En este sentido, el trabajo señala que un 12 % de las consultas relacionadas con la atención sanitaria llegadas a la red eran de carácter informativo. A esta cifra hay que sumar un 22 % de personas que no habían tramitado su tarjeta sanitaria porque desconocían tener ese derecho.

Además, hay otro 12 % que corresponde a quienes se ha denegado la tarjeta sanitaria en su centro de salud porque la información que maneja el personal administrativo sobre el trámite y requisitos era errónea.

Incremento de la desigualdad del mapa sanitario

Por otra parte, tanto la representante de Médicos del Mundo, como María Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), apuntaron que las diferentes fórmulas para ampliar las excepciones del decreto de 2012 impulsadas por algunas comunidades se han mostrado "insuficientes" y han supuesto "un incremento de la desigualdad del mapa sanitario".

Tanto es así, argumentaron, que durante el periodo de la muestra (enero de 2014 a julio de 2015), al menos un 73% de los casos procedieron de comunidades donde existían programas o normativa autonómica creados ad hoc para dar cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria.

Ante este panorama, la Red de Denuncia y Resistencia contra la reforma sanitaria considera que "la única solución es volver a la situación anterior" al decreto de 2012, que apoyaba la asistencia sanitaria sobre los pilares de la universalidad y gratuidad.

Y es que, explicaron desde la mencionada red, las promesas sobre la mejora en la atención sanitaria de los inmigrantes en situación irregular suponen "un paso hacia adelante, pero queremos más", por lo que insistieron en reclamar que el decreto se derogue.

Porque, concluyeron, dar asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular tiene un coste de entre un 20 y un 30 % menos que el de la población española de la misma edad.