La Comisión Europea abre expediente a España y a otros 18 países por incumplir las normas de asilo
- Entre los amonestados también están Italia, Grecia, Francia y Alemania
- Se les acusa de no respetar el reconocimiento de refugiados ni las condiciones de acogida
Unas horas antes de que los jefes de Gobierno se reúnan este miércoles en Bruselas para abordar la crisis de los refugiados, la Comisión Europea ha decidido abrir un expediente de sanción a 19 países, entre ellos España, por el incumplimiento de las normas de asilo.
Alemania, Francia, Italia, Grecia, Austria, Países Bajos, Hungría y Bélgica también están en la lista investigados por no implementar plenamente las legislaciones del sistema europeo de asilo como las directivas sobre procedimientos de asilo, las condiciones de recepción y la calificación de asilo. En total son 40 procedimientos de infracción contra 19 Estados miembro. Solamente Dinamarca, Irlanda y Reino Unido quedan exentos porque en estos países se aplican normas especiales de derecho de asilo.
El Ejecutivo comunitario ya tenía 35 casos abiertos en esta materia, ha recordado el vicepresidente de la CE, Frans Timmermans.
Dos meses para responder a la Comisión
En el caso de España, la CE ha enviado un dictamen motivado al país, junto a Bulgaria, por no haber comunicado a tiempo las medidas nacionales tomadas para trasponer la directiva de calificación actualizada, que armoniza las normas mínimas para la calificación de nacionales de terceros países y apátridas como beneficiarios de protección internacional. Esta Directiva establece una serie de derechos sobre permisos de residencia, documentos de viaje, sanidad, acceso a vivienda, a centros de integración, así como provisiones específicas para niños y personas vulnerables.
La fecha límite para la transposición de la Directiva expiró el 21 de diciembre de 2013. A pesar de la carta de emplazamiento (el primer paso formal de un procedimiento de infracción) enviada a España en enero de 2014, la Comisión no ha recibido respuesta.
El Gobierno, como el resto de países afectados, tiene dos meses para responder al requirimiento. Si para entonces no está aplicando correctamente la normativa, se enfrenta a una posible acusación ante la Corte Europea.
Países afectados
España, junto a otros 17 países miembros, también ha recibido carta de emplazamiento por no haber comunicado las acciones tomadas para trasponer completamente la directiva sobre procedimientos de asilo, que fija medidas comunes para garantizar y retirar la protección internacional y establece normas más claras sobre cómo solicitar asilo. Y también por no haber comunicado la trasposición de la revisada directiva sobre condiciones de recepción de solicitantes de asilo, que fija unos estándares mínimos para la protección internacional en los Estados miembros. Establece la obligación jurídica de los países a garantizar el acceso a vivienda, alimentos, sanidad, cuidado médico y psicológico y empleo, al tiempo que restringe la detención de personas vulnerables, en particular los menores.
Los países tenían hasta el 20 de julio para comunicar a la CE los pasos tomados para aplicar la directiva plenamente. Los Estados miebros afectados por alguna de las dos normas son Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Polonia, Rumanía, Suecia y Eslovenia.
El Ejecutivo comunitario también ha enviado una segunda carta de emplazamiento suplementaria a Grecia por violar ciertas provisiones de la directiva sobre las condiciones de recepción de los solicitantes de asilo, por deficiencias en el sistema de asilo de Grecia. La Comisión se refiere sobre todo a las condiciones materiales que debe ofrecer en virtud de la legislación, particular para aquellos con necesidades especiales y personas vulnerables. La CE también ha detectado fallos estructurales en la capacidad de recepción y el funcionamiento del sistema de tutela o representación legal de todos los menores no acompañados durante el sistema de procedimiento de asilo.
Además de incrementar la presión sobre los Estados miembros para que cumplan con sus responsabilidades, la CE ha propuesto aportar 1.700 millones de euros adicionales para responder a la crisis de refugiados. Esa suma se utilizará para mejorar las capacidades de recepción de los refugiados y la ayuda que estas personas necesitan fuera de la Unión Europea.