El Gobierno colombiano y las FARC firmarán el acuerdo final para la paz en seis meses
- Lo han anunciado en La Habana, donde llevan casi tres años de diálogo
- Las FARC dejarán las armas 60 días después de la firma de acuerdo
- Habrá amnistía para los delitos políticos pero no para los crímenes de lesa humanidad
- Hay acuerdo sobre justicia transicional y crearán un tribunal especial para la paz
El Gobierno de Colombia y las FARC han anunciado este miércoles un histórico acuerdo para poner fin al conflicto armado, que se firmará "a más tardar" en seis meses, plazo en el que terminarán las negociaciones en La Habana.
Desde Cuba, sede permanente de los diálogos desde hace casi tres años, el presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, han explicado que antes del 23 de marzo de 2016 Colombia cerrará un capítulo de más de medio siglo de lucha armada.
Acompañados por los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, Santos y Timochenko se dieron un simbólico apretón de manos y explicaron que los principales puntos del acuerdo serán la creación de un tribunal especial para la paz y la entrega de las armas por parte de la guerrilla en un plazo de 60 días después de la firma del pacto.
La justicia transicional era hasta ahora uno de los temas más espinosos de los diálogos de paz. En esta Jurisdicción Especial -que no será un sistema extrajudicial, según Santos-, se juzgarán los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra y se establecerán dos tipos de penas, una para los que reconozcan su responsabilidad y otra para los que no.
De este modo, se evitará la impunidad y se tratará de buscar la verdad de lo sucedido en décadas de conflicto, reparar a las víctimas y juzgar y sancionar a los responsables de los delitos graves.
Amnistía para los delitos políticos
Los delitos políticos y conexos estarán sujetos a una amnistía, pero los de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros, quedarán al margen de ese beneficio y los culpables serán castigados con "restricción de libertades" en condiciones especiales u ordinarias que irán de cinco a veinte años, según la gravedad del hecho y el grado de colaboración del acusado.
Entre los delitos que quedarán fuera de ese indulto también figuran otros actos graves como la toma de rehenes, privaciones graves de la libertad o la tortura, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.
Serán juzgados todos aquellos que hayan participado en el conflicto de manera directa o indirecta, por lo que están incluidos tanto los miembros de la guerrilla como los agentes del Estado. El líder máximo de las FARC ha puesto el acento en este hecho y ha señalado que aunque están dispuestos a asumir sus responsabilidades, consideran importante que el sistema judicial sea "para todos los involucrados en el conflicto y no solo para una de las partes".
El objetivo ahora, según un comunicado firmado por ambas delegaciones, es que las FARC se conviertan en "un movimiento político legal con apoyo del Gobierno". La guerrilla ya había declarado hace unos meses un alto el fuego unilateral indefinido.
"Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, en la dirección más noble que puede tener la sociedad, que es la de la paz", ha señalado Santos, que ha celebrado el adiós definitivo a la guerra más larga de Colombia y de América.
Medio siglo de lucha armada
El encuentro de Santos con los líderes de las FARC, que supone una escala en su viaje a Estados Unidos, ha sido todo un hito en el proceso de paz y en la historia del país, aunque ya había mantenido otras entrevistas de presidentes con jefes de la guerrilla. Según el Gobierno colombiano, el acuerdo de justicia transicional es una de las mejores noticias que podría recibir Colombia en el último medio siglo y una de las más importantes de la historia del país.
Uribe: "Se iguala a la sociedad civil con el terrorismo"
Las reacciones al acuerdo no han tardado en llegar y Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y uno de los principales críticos al proceso de paz, ha considerado que supone "igualar a la sociedad civil con el terrorismo".
Uribe, antecesor de Santos en la Presidencia, ha indicado que con este acuerdo "el Gobierno ha aceptado abrir a los terroristas todas las posibilidades de participación en política, sin excluir a los responsables de atrocidades".
Por su parte, el presidente cubano, Raúl Castro, que participó en el encuentro como país garante, ha asegurado que la paz en Colombia es "posible" e "indispensable", y ha sostenido que no se descansará hasta que se logre ese objetivo. Castro también ha manifestado el "profundo respeto a las posiciones de las dos partes, la absoluta imparcialidad, la discreción y el apoyo firme, consistente y solidario" de Cuba.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha valorado el acuerdo como un "avance histórico". "Aplaudimos al presidente Santos y a sus negociadores por sus esfuerzos para alcanzar una paz justa y duradera con las FARC. Esperamos que las partes concluyan pronto un acuerdo final para terminar esta guerra terrible. El pueblo colombiano merece una paz justa y duradera, y eso será su victoria", ha señalado.