El Supremo abre causa a la exalcaldesa de Jerez y senadora del PP García Pelayo

• Por adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel en Fitur 2004
• Por prevaricación continuada y falsedad de documento público
• El juez habla de "groseras irregularidades" en contratos administrativos

Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo

El Supremo ha abierto una causa para investigar si la senadora del PP y exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo cometió un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur 2004.

En su auto de este jueves la Sala de lo Penal del Supremo reconoce "la trascendencia de los indicios" que existen para implicar a García Pelayo.

La decisión del Supremo supone que se abrirá una causa para decidir si se pide o no el suplicatorio contra García Pelayo quien, por ahora, probablemente declarará de manera voluntaria como imputada.

El PP acordó el pasado mes de septiembre incluir a García Pelayo en la diputación permanente del Senado, por lo que seguirá siendo aforada cuando se disuelvan las Cortes ante la próxima convocatoria de elecciones generales.

Renuncia a abrir un sumario general sobre Fitur 2004

El fiscal del Supremo pidió el pasado martes al tribunal que investigara los indicios de irregularidades en las citadas adjudicaciones y la posible implicación de la exalcaldesa de Jerez en ellas.

La Sala acepta la causa pero se pronuncia en contra de "los llamados macroprocesos" y, por tanto, renuncia a abrir un sumario general sobre el caso Fitur 2004. De este modo, limita la investigación a la senadora, sin querer hacerse cargo de la implicación en el caso de otras personas vinculadas a la trama Gürtel.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, elevó una exposición razonada al Supremo para que se hiciera cargo de esta parte de la investigación, al ostentar García Pelayo actualmente la condición de aforada.

"Groseras irregularidades" en contratos administrativos

El juez apuntaba que García Pelayo podría haber cometido un delito de prevaricación continuada, ante la aparición de indicios "groseras irregularidades" en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004.

Los expedientes presuntamente tramitados de forma irregular fueron el relativo a la adjudicación del stand de Fitur 2004, el de acondicionamiento para un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de la capital.

Para el juez "todos estos actos y decisiones (...) trascendieron las meras ilegalidades. Su arbitrariedad fue patente y grosera (...) y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso".

De la Mata defendía que se imputara en el Supremo, además a García Pelayo, a otros siete implicados, entre ellos el líder de la trama Francisco Correa y el político popular Pablo Crespo, pero el Supremo, de acuerdo con el criterio del fiscal, le devuelve esa parte del caso al juez de la Audiencia Nacional.